La Conselleria de Vivienda ha comenzado a remitir cartas a las personas que han ocupado en el último año viviendas públicas de manera ilegal en la provincia instándoles a abandonarlas en el plazo de 48 horas. En las misivas se amenaza a las familias con iniciar los trámites judiciales para su desalojo si continúan con la ocupación. El objetivo es «recuperar estas viviendas para rehabilitarlas y adjudicarlas a familias que han cumplido con todos los trámites y se encuentran a la espera de una casa», señalaron ayer desde conselleria.
Familias del barrio Virgen del Carmen, en la ciudad de Alicante, han recibido ya estas misivas. La Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, antiguo IVVSA, «ha notificado desde el pasado día 5 cinco requerimientos de desalojo y una resolución de la Dirección General de Vivienda por ocupación ilegal en las que se insta a seis familias a abandonar la vivienda». No obstante, la concejala del PP Mari Ángeles Goitia asegura que las familias afectadas son muchas más, «por lo menos 20».
La Conselleria de Vivienda está actuando en aquellas casas que han sido ocupadas desde julio de 2015 y se dejará para una segunda fase «el estudio de los casos de ocupaciones que fueron consentidas por gobiernos anteriores». Según los datos de la conselleria, en el último año se han producido en las viviendas públicas de la Comunidad 136 ocupaciones irregulares, 68 de ellas en la provincia de Alicante. Sólo en el barrio del Carmen hay casi un centenar de viviendas ocupadas, 9 en el último año. En algunos casos, la ocupación se produjo «cuando la vivienda estaba siendo rehabilitada e incluso ya había sido adjudicada a una familia, por lo que ha sido un duro golpe para ellas». En este sentido, desde el departamento de María José Salvador señalaron ayer que van a tener tolerancia cero ante este tipo de situaciones. «Las ocupaciones impiden realizar reparaciones en esas viviendas, impiden adjudicarlas a familias en lista de espera y ponen en riesgo al resto de vecinos, ya que suelen ir acompañadas de enganches al fluido eléctrico sin ningún tipo de control».
Para atajar este problema, en los últimos años la conselleria ha mantenido reuniones con ayuntamientos y asociaciones de vecinos, «en las que se ha constatado la necesidad de no permitir ni una ocupación ilegal más». Sin embargo, la actuación de la Conselleria de Vivienda ha despertado el malestar de la edil de Acción Social en el Ayuntamiento de Alicante, Julia Angulo, quien aseguró ayer que no había sido avisada previamente de las actuaciones que está llevando acabo el EIGE en la ciudad.
Por su parte, Mari Ángeles Goitia se preguntó si estas familias «están recibiendo en estos momentos la atención de los Servicios Sociales para plantearles soluciones al desalojo». El PP, añadió, «quiere saber si al tripartito le parece bien esta manera de actuar llevada a cabo por la Generalitat con las familias que están siendo desalojadas».
Alcoy
En Alcoy técnicos del EIGE están procediendo a verificar la identidad de las personas que residen en viviendas sociales, con el fin de determinar posibles irregularidades. En los casos que se están detectando ocupaciones incorrectas, «se solicitan informes al departamento municipal de Servicios Sociales caso por caso», según ha explicado la concejal de Vivienda, María Baca. El Ayuntamiento de Alcoy desconoce la cifra exacta de cartas y visitas efectuadas, en un proceso que se está centrando en el casco antiguo, sobre todo en la Plaça les Xiques y Barbacana.
Torrevieja
En Torrevieja, 10 de las 40 viviendas que el EIGE tiene en la calle Emilia Pardo Bazán, están ocupadas por familias desde hace un mes y medio. Responsables de EIGE han acudido desde entonces periódicamente con la Policía para identificar a los «okupas» y evitar que nuevas personas entren en las que siguen vacías. Algunas fueron tapiadas tras la ocupación en mayo, pero no tardaron en romper el «precinto», una vez se marcharon las fuerzas de seguridad. Agentes de la Guardia Civil visitaron recientemente las casas para pedir la documentación tanto a los inquilinos que pagan su alquiler mensual (280 euros), como aquellos que las han ocupado ilegalmente.
El Ayuntamiento está muy pendiente de este asunto ya que algunas de estas viviendas habían sido rehabilitadas e iban a ser dadas a otras familias. La mayoría de los «okupas» tienen niños, lo que hace aún más difícil su desahucio, están siendo arropadas por la plataforma Stop Desahucios y cuentan con el asesoramiento de una edil y abogada, Pilar Gómez, de C's.
