Los vecinos del entorno del «puente rojo» de la Gran Vía han reclamado al alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, que frene el plan de la Concejalía de Urbanismo para adecentar el puente y se vuelva al escenario del proyecto aprobado en el Pleno del 9 de marzo de 2015, aún vigente y que contempla la construcción de un gran parque central e, incluso, la demolición de la infraestructura.
Los vecinos han enviado un nuevo escrito al alcalde, firmado por Dolores Ten, presidenta de la asociación La Voz de la Florida, en el que aseguran que el «lavado de cara» que se pretende hacer ahora al puente, «pintarlo porque las juntas de dilatación ya se arreglaron», subraya José María Hernández, portavoz vecinal, no tiene sentido.
Además, rechazan las pantallas acústicas anunciadas por el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, que «lo único que harán es perjudicarnos más aún», asevera Hernández. La urgencia es, según explica en su nota Dolores Ten, que se solucione la comunicación de Florida Portazgo con Santo Domingo. La excusa de las vías ya no existe y «sólo falta diligencia política para eso, para convencer a Adif que retire la vagoneta e instar a Valencia a que apruebe el plan tanto como se aprobó en el pleno. Si empiezan a ejecutar al parque como parece que quiere el concejal podríamos estar ante un presunto caso hasta de prevaricación y no nos vamos a quedar quietos», subraya ayer Hernández Mata.
La Plataforma Renfe cambió el pasado mes de mayo su reivindicación inicial de demolición del puente y aceptó la postura del edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, de mantener la infraestructura pero si se aceptaba quitar las rampas de subida y bajada de los vehículos. Los vecinos insisten en que el problema no es ya el propio puente en sí, sino el ruido que provocan los cientos de coches que acceden diariamente por las rampas de subida y bajada que se construyeron pegadas a las viviendas.
El planteamiento de los vecinos pasa por trasladar la circulación de los vehículos debajo del puente, donde existe espacio para dos carriles en cada sentido e, incluso, una rotonda ajardinada. Algo que, además, según apunta José María Hernández, portavoz de la plataforma, contribuiría a adecentar la zona.
Las asociaciones de vecinos afectadas por el paso de los 25.000 vehículos diarios que circulan sobre el «puente rojo» de la Gran Vía basaron, en este sentido, una parte importante de sus alegaciones al plan urbanístico a desarrollar sobre los 460.000 m2 que quedarán libres tras el soterramiento definitivo de las vías del tren en justificar la urgencia de demoler una infraestructura a la que ya se opusieron en 1988, cuando se levantó el puente. Pedían sustituirlo con un paso inferior como se hizo en la avenida de Dénia frente a los Jesuitas, algo a lo que están ahora dispuestas a renunciar.
Dejar sin uso las rampas de subida y bajada del puente eliminaría, según los vecinos, los problemas que provoca el tráfico. Ruido por el descenso de los coches por las rampas de hormigón, humos y falta de visibilidad para las viviendas. A esto se suma la inseguridad que supone para los peatones caminar por los pasillos elevados.
La polémica decisión de demoler del «puente rojo» que, paradójicamente, todavía se contempla en el plan urbanístico (OI2) para desarrollar los terrenos que quedaban liberados con el soterramiento de las vías, tendría un coste de 300.000 euros, a los que se sumarán los 6,9 millones que Avant -la entidad que agrupa a las administraciones implicadas en la Alta Velocidad- presupuestó para el paso inferior que lo sustituirá y permitirá dar continuidad a la Gran Vía. En total, 7,2 millones de euros. Un importe que se engloba dentro de los costes de urbanización del nuevo sector, que ascienden a 40 millones.
No obstante, la inversión total asociada a este proyecto urbanístico alcanza un total de 172 millones de euros, teniendo en cuenta los costes de edificación de las parcelas. Dado que los terrenos son públicos, la sociedad Avant que representa a las tres administraciones, pretendía hacer frente a los costes de urbanización con las plusvalías que se generaran mediante la venta de las parcelas.
El plan original del OI2 generaría unos ingresos a las arcas públicas por las tasas de las licencias, el impuesto de construcciones y el IVA de 41,6 millones de euros. Una vez que esté todo finalizado y construido -se preveían en torno a 1.800 viviendas- el Ayuntamiento seguirá ingresando los impuestos que paguen los nuevos vecinos, como el IBI o la tasa de basuras. Sin embargo, tendrá que hacer frente a los gastos de mantenimiento y deberá prestar servicios a las personas que residan allí. Estos costes alcanzan los 2,1 millones de euros al año.
