El empresario Enrique Ortiz e Ikea han rescindido el contrato de 97,5 millones de euros que ataba a la multinacional sueca a los terrenos de Rabasa. Para ello, Urbanika -participada por el empresario a través de Cívica-, entre otros, ha devuelto a Ikea, mediante un aval bancario, los 35,1 millones de euros que la firma sueca adelantó para construir el macrocentro más otros 6 millones en concepto de IVA. En total, 41 millones de euros, de los que a Ortiz le podría correponder abonar alrededor de 18 millones en función de su participación empresarial. La ruptura del acuerdo deja vía libre a la multinacional, que todavía no se ha pronunciado sobre si abandonará sus intenciones de instalarse en Alicante o está dispuesta a negociar con el Ayuntamiento una ubicación alternativa. La resolución del contrato se produce escasas semanas después de que Alicante Avanza (mercantil promotora del proyecto y también participada por Ortiz) pidiera al Consell el archivo de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) en la que se enmarcaba la llegada de Ikea y un polémico macrocentro comercial anexo en Rabasa.
Según la documentación presentada por Urbanika en el Registro Mercantil, esta sociedad -propietaria de la mayor parte del suelo en Rabasa de la que actualmente forma parte el grupo Cívica e Inmobiliaria Espacio y en su origen también tuvo como socios a Bancaja y al Banco de Valencia- firmó en 2012 un acuerdo de venta de varias parcelas por 97,5 millones de euros, de los que Ikea adelantó 35,1 millones de euros. La firma participada por Ortiz tuvo que garantizar esa cantidad con avales bancarios que sumaban 44,3 millones de euros (el importe avanzado, más los intereses).
Según ha podido saber este diario, la rescisión del contrato entre Ortiz e Ikea se ha producido de mutuo acuerdo, sin penalizaciones, para agilizarlo y evitar conflictos judiciales. De ahí que el importe a devolver a la multinacional a través del banco (La Caixa) y con cargo a Urbanika haya sido de 35,1 millones de euros más IVA (esos 41 millones en total), algo inferior al aval depositado.
Con la resolución del contrato entre Ortiz e Ikea se abre un periodo de incertidumbre. La mercantil siempre había sostenido que no contemplaba otro proyecto que no fuera su instalación en Rabasa y con un macrocentro comercial anexo. No obstante, desde que Alicante Avanza renunció a la tramitación hace tres semanas, la multinacional guarda silencio acerca de su futuro en Alicante.
El Ayuntamiento de Alicante esperaba a esta ruptura entre las partes para sentarse a negociar con Ikea y ofrecerle sitios alternativos a Rabasa en la ciudad. Eso sí, sin el macrocentro comercial anexo de unos 83.000 metros cuadrados que ha sido el foco del conflicto, tanto por la oposición de las administraciones y del comercio como por las implicaciones para el tráfico. Unas cuestiones que, a mediados de junio, abocaron a Ortiz y a sus socios a desistir del proyecto.
La intención del Ayuntamiento pasa por ofrecer a Ikea ubicaciones alternativas a Rabasa -sobre la mesa se ha puesto Babel o las Atalayas- donde su implantación podría tener vía libre, en palabras del vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, antes de finales de año. De hecho, el equipo de gobierno y la oposición acordaron el jueves pasado, durante el pleno municipal, crear una comisión donde abordar las líneas de negociación con la multinacional.
Sentarse a hablar
Hasta ahora, el escollo para reunirse con la firma era la relación contractual que mantenía con Alicante Avanza. El propio alcalde, Gabriel Echávarri, afirmó hace unos días que «Ikea ya dejó claro que tenían una vinculación contractual con Alicante Avanza y que hasta que no se resuelva el ATE (el Consell sigue sin pronunciarse pese al desistimiento de Ortiz), el sentarse a hablar con alguien sin contar con su socio podría ser motivo de incumplimiento del contrato».
Con base en ello, el primer edil aseguró que mientras que la administración autonómica no emitiese una resolución, Ikea no sería libre para negociar con ellos. El Ayuntamiento tendrá ahora que decidir si, una vez resuelto el contrato entre Ikea y Ortiz, descuelga el teléfono para concertar una reunión con la multinacional o espera a que la Generalitat Valenciana rechace definitivamente el ATE en Rabasa.
La vinculación de Ikea a Ortiz y Rabasa se remonta a años atrás. En octubre de 2008 la multinacional hizo pública su apuesta por instalarse allí e, incluso, su llegada con un macrocentro comercial anexo comenzó a tramitarse dentro del polémico Plan Rabasa. Los tribunales anularon el polémico plan urbanístico en 2013 -el Supremo lo ratificó hace un año-.
Fue entonces cuando Ortiz, en un intento de salvar los escollos judiciales, presentó al Consell un proyecto similar con una tienda de Ikea y un macrocentro comercial para tramitarlo bajo la figura de Actuación Territorial Estratégica.
