El exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Alicante Juan Zaragoza declaró ayer ante el juez que investiga supuestas irregularidades en la contrata municipal de infraestructuras para fiestas que se reunió a comer con Isidro García, el propietario de Isjoma, la empresa adjudicataria, porque se lo indicó su compañero de Corporación Andrés Llorens previa autorización de la entonces alcaldesa Sonia Castedo ya que estaban en marcha los trámites administrativos del concurso.
Zaragoza relató que durante la comida, García (investigado junto a los exediles en este proceso) le trasladó su preocupación ante el temor de que se quedara con la contrata Alavés Montajes S. L., la otra mercantil que optaba al concurso y que fue la que dio pie a la apertura de esta causa al denunciar presuntos amaños hace ya más de un lustro. El Ayuntamiento adjudicó este servicio a Isjoma en dos ocasiones: primero en 2003 y después en 2009. Esta última contrata la acabó anulando el Tribunal Superior el pasado octubre tras concluir que la adjudicataria tenía que haber sido Alavés Montajes S. L., que presentó una oferta un millón de euros más barata.
Además del concurso, el magistrado Ángel Manuel Villanueva está indagando los contratos menores con Isjoma que sólo durante 2007, 2008 y 2009 supusieron a las arcas municipales un desembolso de cerca de 850.000 euros, al margen de los 1.600.000 que el Ayuntamiento pagó en este mismo periodo por los servicios certificados que sí incluía la contrata.
Zaragoza, citado junto a Llorens como investigado por los delito de prevaricación y fraude a la administración en tanto que el primero era el vicepresidente de la mesa de contratación mientras el segundo la presidía, agregó que lo que pretendía Isidro García es que mediara ante los Alavés, con los que tenía buenas relaciones, aunque ayer no supo precisar si, como aseguró en su primera declaración, era para plantear un pacto entre las dos empresas. En su comparecencia de ayer el exedil agregó que incluso le comentó a Llorens una supuesta insinuación de García durante al almuerzo sobre el hipotético regalo de un reloj que no se produjo.
A preguntas del juez el exedil acusó a Alavés de mentir cuando aseguró que le había dicho que los pliegos de Isjoma los hacían el entonces jefe de Atención Urbana Victor López y el técnico municipal Diego Agulló (ambos imputados también en esta causa), aseguró que la propuesta técnica para la adjudicación investigada no la leyó y que la mesa de contratación tampoco la examinó.
Junto a Zaragoza estaba citado ayer Llorens, quien pidió al juez un aplazamiento dado el volumen del procedimiento, a lo que el instructor accedió, así como Victor López e Isidro García, que se acogieron a su derecho a no declarar. Convocado estaba también un técnico municipal, que no compareció, y el exjefe de los talleres municipales Ginés Pérez Beltrán, ya jubilado, quien aseguró que las moquetas, faldones y otros materiales que se utilizaban para las fiestas los consideraba un suministro y no un contrato, que él compraba sin pedir autorización a nadie y que muchos de los trabajos que se encargaban a Isjoma fuera de concurso tenían las mismas características técnicas que las de la contrata, por lo que no sabía cuáles estaban dentro de la adjudicación y cuáles no.
Presunta connivencia
Las diligencias que se están practicando pretenden determinar si existía connivencia entre los empleados públicos investigados y el dueño de Isjoma. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal constata «la existencia de gran cantidad de facturas relacionadas con numerosos suministros de mercancías diversas que se han efectuado al margen de la contrata del suministro de material durante los años 2003 a 2009». Unos contratos menores que, sólo centrados en lo que va de 2007 a 2009, «han representado en algún ejercicio un importe superior al 50% de las certificaciones de suministro relacionadas con trabajos incluidos en la contrata y que han sido adjudicados fuera de la misma».
Para hoy están señaladas las declaraciones de Avilés y del técnico Diego Agulló.
