La Vega Baja es junto al área de gestión de las comarcas centrales (V5) el punto más conflictivo en la gestión de los residuos urbanos en la Comunidad Valenciana. Sus municipios generan 247.000 toneladas anuales y ni un solo kilogramo se gestiona en el territorio. Ni siquiera hay una planta de transferencia en la que compactar un poco la basura para aprovechar la capacidad de los camiones, que desde cada población viajan al vertedero que se les asigna, a veces a decenas de kilómetros. Un «agujero negro», en frase del secretario autonómico de Medio Ambiente Julià Álvaro. En 2007, la gestión de las basuras en la comarca fue adjudicada a un consorcio formado por el empresario Enrique Ortiz y la empresa Cespa que derivó en el conocido como caso Brugal. El contrato se rescindió en los primeros meses de 2007, pero los recursos judiciales se suceden y lastran la toma de decisiones. Hace una semana el consorcio comarcal aprobó nuevas iniciativas que deberían desembocar en un nuevo concurso, una planta de transferencia y un pequeño vertedero. Si no lo consiguen, la Generalitat intervendrá. j. s.
