La deficiente gestión obliga a transportar cada día 1.200 toneladas de basuras

La magnitud de desastre provocado por el fracaso de los Planes Integrales de Residuos aprobados, reformados y casi siempre inaplicados en la Comunidad Valenciana es apreciable en la imagen que acompaña la información, donde se visualiza el flujo actual de residuos, que incluso incluye un pequeño porcentaje de «exportación» a Murcia. «Hasta hace muy poco tiempo todavía era peor», asegura Joan Piquer, director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental.

Había residuos circulando desde una provincia a otra y también en sentido contrario. Podría decirse que se cruzaban en la carretera, lo cual resulta claramente insostenible y la imagen gráfica de un gran fracaso colectivo. «Ahora hemos logrado que al menos Alicante no envíe residuos a Valencia mientras al mismo tiempo recibía materiales desde esta provincia», explica. Es un primer paso.

El nuevo Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) refuerza el principio de la proximidad. Hay que tratar los residuos donde se producen y en ese objetivo, el mapa del trasiego de los residuos cambiará en las próximas semanas. Cada vez hay más orden dentro del desorden y la Generalitat está propiciando acuerdos «colaborativos» entre los distintos consorcios responsables de la gestión de los residuos.

Para donde no haya acuerdo entre los municipios representados en cada consorcio o en aquellas áreas de gestión lastradas por conflictos judiciales -sólo una de trece no tiene pleitos que condicionen la toma de decisiones-, la Generalitat Valenciana se ha dotado de un nuevo instrumento legal. Hace una semana, el pleno del Consell aprobó un decreto-ley que establece medidas urgentes «para garantizar la correcta gestión de los residuos municipales» y asegurar la actuación «inmediata» de la Generalitat en casos de situaciones de «afecciones ambientales o de riesgo para la salud de la población».

El secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro justifica esta decisión y añade que «forma parte importante del giro a la política de residuos que hemos emprendido para resolver los graves problemas heredados de la gestión y corrupción precedentes». Para Álvaro «hay situaciones que no pueden esperar».

Solo en el norte de la Comunidad Valenciana la situación es de cierta normalidad, gracias a la planta de Cervera (área de gestión C1 Castellón Norte) y a los acuerdos colaborativos con la C2 que permitirá la remodelación de la planta de Onda.

«Hay muchas instalaciones que funcionan por encima de su capacidad y en las que a veces ni siquiera es posible cambiar una máquina o hacer el mantenimiento porque colapsarían», añade Piquer.

Otros ejemplos de que una correcta gestión de los residuos es posible se dan en el área de gestión V3 (Valencia Interior) y la C3/V1, que comparten Castelló y Valencia y donde la planta de Algímia de Alfara es el ejemplo a seguir. Algímia y Cervera son, asegura Piquer, la mejor carta de presentación para convencer a otras comarcas de que hay soluciones. La conselleria está programando visitas entre los representantes políticos y vecinos de aquellas zonas donde el rechazo a nuevas instalaciones es todavía un gran obstáculo.

En el área metropolitana de Valencia (V2) existen dos modernas instalaciones y un vertedero, una situación aparentemente ideal que, sin embargo, dista mucho de alcanzar la obligación legal de que solo el 44% de la basura acabe en vertederos (rechazos), una cifra que en 2020 se reduce al 35%. «Hemos pedido información al Ente Metropolitano de Residuos y vamos a colaborar para mejorar este resultado», avanza Piquer.

La situación se complica cuanto más hacia el sur. En la V4, el cierre de la planta de Guadassuar ha complicado la gestión y la conselleria, en colaboración con los consorcios, busca alternativas para vertederos más pequeños que complementen las infraestructuras de tratamiento existentes. La Agencia Energética de la Ribera busca emplazamientos.

En la V5 existen opciones a partir de que la planta de transferencia de Rótova, que permite redistribuir la basura hacia otras áreas. Sin embargo, falta uno o varios vertederos pequeños, hay varios juicios pendientes con los concesionarios en los que se dilucidan decenas de millones en indemnizaciones e incluso responsabilidades penales asociadas a la fallida instalación de Llanera. La Generalitat podría aquí hacer uso de los «poderes» recién adquiridos.

Ya en Alicante, solo el área A-1 , con planta de tratamiento y vertedero en El Campello, vive cierta normalidad, aunque es urgente su modernización después de años de trabajar por encima de su capacidad resolviendo los problemas de otras zonas. La planta provoca olores y hay denuncias de los vecinos del entorno.

En la A2, Xixona, la planta, de titularidad pública, fue privatizada hace unos años, aunque requiere una modernización urgente. En Villena, A3, sus «modernas» instalaciones, propiedad de Vaersa, son un puro espejismo y las goteras, el mal olor y un índice de rechazos del 60% conviven con naves de diseño. La Generalitat quiere modernizar la planta y ponerla a disposición del consorcio y no dudará en hacer uso del decreto ley.

Alicante (A-4) cuenta con sus propias instalaciones y vertedero, aunque pendientes de remodelación, imposible mientras siga recibiendo basuras de otros consorcios. En una situación muy similar se encuentra el área de Elx (A5), aunque los problemas más graves se sitúan en la Vega Baja, donde no existe siquiera una planta de transferencia en la que compactar antes de su transporte las 200.000 toneladas de basura que se generan.

Bloqueo y cuellos de botella

«Contamos con tres o cuatro cuellos de botella que hacen más difícil avanzar en la mejora del sistema», admite Julià Álvaro. «Por eso habrá que actuar en la zona A-6, la Vega Baja, con problemas judiciales pendientes, en la A-3, porque la planta de Villena es patrimonio de la Generalitat, y se ha de valorar la necesidad de hacerlo en algún consorcio más del sur Valencia y del Norte de Alicante. Hemos de desbloquear esas situaciones y queremos estrenar al menos una planta esta legislatura», subraya Julià Álvaro.

Reducir el rechazo que va a vertederos y acabar con los desplazamientos de la basura fuera de la zona donde se genera es un objetivo que tiene fecha límite: el año 2020. Lo dice la Ley Nacional de Residuos y de ahí, «la urgencia» de la modificación de la ley valenciana. «Hay que imprimir agilidad en la gestión, teniendo en cuenta que hay obras que pueden tardar un año y medio o dos en finalizarse», concluye el secretario autonómico.