El presidente del Consell, Ximo Puig, asegura que hará «lo que esté en nuestra mano» para que Ikea llegue a Alicante «si se nos pide». Mientras tanto, indicó que la Abogacía de la Generalitat estudia «hasta la última coma» el escrito que Enrique Ortiz presentó la semana pasada renunciando a la tramitación de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) en la que se incluía la llegada de Ikea a Rabasa.
Desde el Ayuntamiento esperan a que el Consell resuelva sobre el ATE y acepte el desistimiento en la tramitación para poder sentarse a negociar con Ikea su llegada a la ciudad fuera de Rabasa. En ese momento, «Ikea quedaría desligada de Alicante Avanza y sería libre para negociar», consideró el alcalde, Gabriel Echávarri. En ese momento, indicó, llamarán a la multinacional para sentarse a negociar con ella una ubicación alternativa en la ciudad. Entre las parcelas que se baraja ofrecerle están una en el polígono de Babel y otra en las Atalayas.
El primer edil destacó que «Ikea ya dejó claro que tenían una vinculación contractual con Alicante Avanza y que hasta que no se resuelva el ATE, el sentarse a hablar con alguien sin contar con su socio podría ser motivo de incumplimiento del contrato de Ikea con respecto a su socio y que hubiera demandas entre ellos». En esa línea, incidió: «Tienen muy claro que mientras siga en pie el ATE no son libres de negociar en solitario». Por ello, el Ayuntamiento esperará a la resolución del Consell para levantar el teléfono y pedir una reunión a Ikea.
Pero, ¿qué ocurriría si la multinacional mantiene su intención de implantarse con un macrocentro comercial anexo? Echávarri responde que «vamos a esperar lo que nos dice Ikea en esa reunión, los metros que quiere, para qué los quiere y la ubicación que quiere». El primer edil sostiene que «siempre he dicho que el debate estaba en cuántos metros de centro comercial anexo, si es condición sine qua non, es soportable para la ciudad de Alicante».
Acerca de si ello significaba que estaría dispuesto a aceptar que Ikea se implantara en otra zona de la ciudad con un macrocentro anexo reiteró que «no, no he dicho que vaya a aceptar nada». Al respecto, agregó que «se abrirá un debate sobre cuántos metros (de centro comercial) son soportables para la ciudad, si lo pide (Ikea)». El primer edil apuntó que «igual dice que sólo quiere la tienda, como en el proyecto de 2008 en el PAU 1».
En cuanto a la reclamación de 20,5 millones que Ortiz realiza al Ayuntamiento y al Consell por las deficiencias en la tramitación del Plan Rabasa (anulado por el Supremo hace un año), Echávarri dijo no tener constancia del escrito. Con todo, agregó que «cualquier ciudadano es libre para reclamar y el Ayuntamiento, si es reclamado, se defenderá».
El primer edil incidió en que «reclamar (ante la administración) es gratis» y que, en caso de ir a los juzgados, conllevaría costas procesales. Sobre si considera que la reclamación de Ortiz podría tener recorrido jurídico, agregó: «Quiero ser prudente. Espero que no». Echávarri consideró que Ortiz va «en contra de sus propios actos» por alegar defectos en la tramitación cuando defendió la misma frente a los recursos contra el Plan Rabasa que, entre otros, presentó el PSOE. «No puedes decir negro y ahora blanco, porque cuando dices blanco, no te creen», señaló. Echávarri concluyó: «A partir de ahí, supongo que tendrá unos abogados magníficos, súper bien pagados, que buscarán cualquier resquicio legal para intentar resarcirse».
