15 de junio de 2016
15.06.2016

El Ayuntamiento se da un año para responder a la reclamación de Ortiz

Los escritos presentados por el urbanizador y los dueños del suelo en Rabasa se estudiarán por los servicios jurídicos

16.06.2016 | 01:01
El Ayuntamiento se da un año para responder a la reclamación de Ortiz

El Ayuntamiento de Alicante trasladará a sus servicios jurídicos generales y a los del área de Urbanismo los escritos presentados por Enrique Ortiz en los que reclama una indemnización de 20,5 millones de euros a la administración local y a la autonómica (de manera solidaria) por los errores en la tramitación del Plan Rabasa que llevaron a su anulación por parte de los tribunales. «No estamos por la labor de aceptar lo que se nos plantea», consideró el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, quien incidió en que la postura del Ayuntamiento es «en principio» la de «no acceder a la petición».

Los servicios jurídicos estudiarán los escritos presentados tanto por el urbanizador (Visomed) como por parte de varias sociedades propietarias de suelo vinculadas a Ortiz. Son varios escritos de reclamación que, como ya avanzó este diario, suman una petición de indemnización de 20,5 millones de euros. Desde el tripartito están recabando todos los escritos, recibidos en el registro del Ayuntamiento el pasado viernes, para que los valoren los servicios jurídicos.

En un comunicado, el tripartito detalla que son siete los escritos recibidos. Como ya avanzó este diario, 11,3 millones son reclamados por Viviendas Sociales del Mediterráneo -el tripartito explica que hoy es la mercantil Alicante Avanza- como la adjudicataria del plan parcial. El resto, por varias sociedades propietarias de suelo vinculadas a Ortiz. En un comunicado, el tripartito detalla que se trata de Urbanika (6,77 millones); Cerámica la Florida (1,49 millones); Valle Levante (625.000 euros); Ortiz Desarrollos Urbanísticos (246.000 euros); Camservi Obras y Servicios (22.000 euros) y Nuevo Garbinet (4.200 euros).

Desde el equipo de gobierno señalan que los servicios jurídicos estudiarán "en detalle el contenido de las reclamaciones, que serán resueltas en los plazos legales previstos" y que, sostienen, serían de seis meses que podrían ampliarse a otros seis meses. El tripartito incide en que antepondrá "en todo momento la defensa de los intereses municipales y del interés general de la ciudad frente a las pretensiones de empresas, en su mayoría vinculadas al confeso financiador ilegal del PP, Enrique Ortiz, que promovieron un plan aprobado por el PP local y autonómico en la época de Alperi, Castedo y Camps". En el comunicado agregan que se trata de "un plan especulativo e insostenible que fue tumbado en los tribunales gracias a los recursos interpuestos por distintos actores sociales y políticos de la ciudad"

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