Al margen de las posibles sanciones que puede imponer el Ministerio de Hacienda a los ayuntamientos que pagan tarde a los proveedores, el Gobierno central también tiene la potestad de retener fondos a los consistorios si no comunican la liquidación de sus respectivos presupuestos. Así lo marca el apartado 1 del Artículo 36 de Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible. El departamento que dirige Cristóbal Montoro acaba de hacer público un listado en el que saca a relucir el nombre de las entidades locales a las que ha retenido fondos de sus entregas a cuenta por este concepto durante el pasado mes de mayo. En toda la Comunidad son únicamente cinco. Cuatro de Castellón (Cortes de Arenoso, Forcall, Ludiente y Navajas) y uno de Valencia (Losa del Obispo). De Alicante, ni uno.
Esta situación no es nueva. El pasado mes de marzo -las estadísticas se publican con una periodicidad bimensual- tampoco hubo «castigo» a las corporaciones alicantinas, mientras que en enero ocurrió exactamente lo mismo. Es decir, los ayuntamientos cumplen. A. F.
