Los servicios jurídicos del Ayuntamiento y de la Generalitat estudiarán la reclamación de 20,5 millones de euros que ha realizado Enrique Ortiz a sendas administraciones „de manera solidaria„ por los errores en la tramitación del Plan Rabasa. Un proyecto que el Ayuntamiento adjudicó en 2005 a Visomed (participada por Ortiz) y que el Consell aprobó en 2009. En 2013 varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia anularon el polémico plan urbanístico y el Supremo ratificó su nulidad hace justo un año.
Tanto el alcalde, Gabriel Echávarri, como desde la Conselleria de Vertebración del Territorio aseguran no haber leído todavía el documento presentado la semana pasada por la urbanizadora y por propietarios del sueldo. En él se reclamaba una indemnización por daños y perjuicios al entender que la anulación del plan parcial de Rabasa se produjo por deficiencias en la tramitación ajenos a estas sociedades. «Cuando lo vean los servicios jurídicos, el Ayuntamiento tomará una posición», dijo Echávarri. Desde la Conselleria indican que sus servicios jurídicos también estudiarán la petición.
La presentación de la reclamación se produjo apenas 24 horas después de que Ortiz presentara un escrito ante la Conselleria de Economía Sostenible y Comercio (el jueves pasado) renunciando a la Actuación Territorial Estratégica (ATE) en la que se enmarcaba la llegada de Ikea a Alicante. Una herramienta urbanística con la que pretendía llevar adelante el proyecto tras la anulación judicial del Plan Rabasa.
Desde Vertebración del Territorio indican que están a la espera de que Comercio les remita la renuncia de Ortiz para ponerlo en manos de los servicios jurídicos antes de decidir si se acepta o no. En caso de aceptarse, se pondría fin a la tramitación del ATE, como viene reclamando el Ayuntamiento.
Por su parte, Ikea sigue sin pronunciarse acerca de su futuro en la ciudad de Alicante tras la renuncia de Ortiz al proyecto que había en trámite.
