«Vamos a defender nuestros derechos ante los tribunales». Es el paso que han decidido dar, como explica Marta Martínez, padres afectados por el cierre, por parte de Educación, de dos aulas concertadas para niños de tres años en el colegio concertado Jesuitas de Alicante una vez que se había cerrado el plazo de admisión.
«Mi hijo, en concreto, no tiene plaza actualmente en ningún colegio porque quería ese centro y no apunté ningún otro», abunda Marta.
Ayer, junto a otro medio centenar de padres y liderados por Julia Llopis, presidenta de la Confederación de centros concertados católicos, Concapa, se desplazaron en autobús a Valencia para registrar personalmente sus reclamaciones individuales en la Conselleria de Educación e intentar que les atendiera el conseller, Vicent Marzà.
«Hemos seguido los trámites, pero lo que nos han hecho no es legal, así que hemos decidido presentar un recurso contencioso a partir de la semana que viene, de forma conjunta», explicaba Marta Martínez, entre los padres afectados.
El único
«Es el único en toda la Comunidad en el que ha sucedido esto. Entre las fechas oficiales de admisión para solicitar plaza, el colegio figuraba con 100 plazas en la información oficial del Ayuntamiento, y en la página de la Conselleria de Educación, terminado el plazo, aparecían tan solo 50. Hablando de libertad de elección, a mí me la han quitado toda porque tenía claro que quería que mi hijo estudiara en Jesuitas».
Esta madre añade que al igual que su marido, trabaja, por lo que, aunque la enseñanza de 3 años no es obligatoria, «me toca acatar y llevarle a donde me digan o bien a un colegio privado y pagarlo, o a una guardería».
Pese a su insistencia ante la sede de la conselleria en Valencia, no lograron ser recibidos por el conseller y a su llegada encontraron las puertas jalonadas por guardas jurados que impidieron su concentración en el interior.
