Alicante Avanza pide al Consell que archive la Actuación Territorial Estratégica al asumir que la oposición del Ayuntamiento y del comercio al plan así como los costes de los accesos lo imposibilitan

Alicante Avanza pide al Consell que archive la actuación

11.06.2016 | 01:36

La implantación de Ikea y de su polémico macrocentro comercial anexo en terrenos de Rabasa no se llevará a cabo. El propio promotor de la actuación, la mercantil Alicante Avanza, participada por Enrique Ortiz ha pedido por escrito al Consell que archive la tramitación del proyecto, como avanzó ayer este diario a través de su web (informacion.es). Aduce que, tras dos años de espera a un pronunciamiento de la administración autonómica y ante la oposición del Ayuntamiento y comerciantes, ha decaído su confianza y la de Ikea en que la iniciativa salga adelante. Ortiz argumenta, además, que la exigencia de más accesos de tráfico dispara los costes y hace inviable la inversión.

De esta manera, el periplo de Ikea en Rabasa llega a su fin, la mercantil confirma que no trabaja en otro proyecto y se abre un periodo de incertidumbre acerca de si la multinacional se quedará o no en Alicante. Hasta ahora, la mercantil sueca no contemplaba otra alternativa más que su ubicación en Rabasa y con la compañía de un macrocentro comercial. Ayer, Ikea guardó silencio sobre su futuro asegurando no tener constancia «formal ni oficial» de que Ortiz hubiese renunciado al ATE ni «de lo que implica» esta decisión. El Ayuntamiento, por su parte, mantiene su intención de ofrecer a Ikea la posibilidad de implantarse en Alicante, pero fuera de Rabasa y sin un macrocentro anexo.

Ese macrocentro comercial adjunto a la tienda de Ikea de unos 83.000 metros cuadrados ha sido el foco del conflicto, tanto por la oposición de las administraciones y del comercio como por las implicaciones para el tráfico. Unas cuestiones que han abocado a Ortiz a desistir del proyecto, que ya se planteó dentro del Plan Rabasa anulado por los tribunales (primero por el Tribunal Superior de Justicia y después por el Supremo) y que en 2013 comenzó a tramitar como una Actuación Territorial Estratégica para salvar los escollos judiciales. En junio de 2014, el anterior Consell del PP declaró el proyecto como ATE e inició con ello su tramitación.

Dos años después, la administración autonómica que hace un año cambió de gobierno con el PSOE y Compromís sigue sin aprobar o descartar definitivamente el proyecto. Para Alicante Avanza los plazos «exceden de las expectativas empresariales inicialmente contempladas» y la previsión es que «no sólo se dilaten más» sino que los tramites futuros «sean infructuosos». De ahí que desistan de presentar un nuevo proyecto refundido que atienda a los informes de las administraciones y a las alegaciones. Hacerlo sería, en opinión de la mercantil, una «quimera».

Ayer mismo, antes de que acabara el plazo que el Consell le dio para presentar un proyecto modificado, Alicante Avanza registró su escrito ante la Conselleria de Economía Sostenible y Comercio para formalizar su renuncia «por razones objetivas ajenas a esta mercantil», en alusión a la viabilidad económica del proyecto y la inseguridad jurídica.

Desde Alicante Avanza recuerdan que el ATE incluía una tienda Ikea con un macrocentro comercial, un parque tecnológico y un parque público en las Lagunas de Rabasa, con una inversión de 382 millones de euros, entre la urbanización y la edificación de todo el sector. Aunque el Consell lo admitió a trámite en junio de 2014, el proceso de participación pública fue objeto de numerosas alegaciones por parte del pequeño comercio favorable a Ikea, pero contrario al macrocentro, así como del propio Ayuntamiento y organismos como la Universidad. Alicante Avanza admite la «destacada controversia social y política» generada por el macrocentro. Los informes al proyecto de las diferentes administraciones también pusieron múltiples reparos. Entre ellos, el Ministerio de Fomento que exigió más accesos y mejorar la capacidad de la autovía Ortiz llegó a asegurar el pasado octubre que la inversión de 200 millones en accesos hacía inviable el proyecto. La promotora esgrime que esas exigencias en accesos son «más complejas y costosas» y agrega que las condiciones impuestas al parque de las Lagunas de Rabasa disparaban su coste de los 4,5 millones de euros a cerca de 30 millones.

Alicante Avanza también alude en su escrito al nuevo contexto político tras las elecciones locales y autonómicas de hace un año, destacando que el tripartito de Alicante (PSOE, Guanyar y Compromís) acordó en el pleno de julio pedir al Consell que retirara el ATE.

La promotora admite que para sacar adelante una actuación como la que plantean resulta «imprescindible» el consenso político y social y que la controversia existente «es innegable». Para Alicante Avanza la oposición al macrocentro comercial «da lugar a un escenario de conflictividad y litigiosidad incompatible con inversión empresarial alguna» y destaca que algunas las exigencias de las administraciones «condicionan seriamente la viabilidad de la iniciativa, si no la impiden».

Modificar el proyecto para eliminar el macrocentro comercial sería «una alteración relevante», destaca la mercantil. Para Alicante Avanza «la complejidad de la situación» y la «incertidumbre» resulta «incompatible con las previsiones temporales» con las que contaban. Por ello, la mercantil participada por Ortiz considera que «es poco realista mantener expectativas fiables de inicio, a corto plazo, de las actividades económicas proyectadas en el ATE». Algo que, subrayan, implica que los operadores económicos vinculados al proyecto (en alusión a Ikea) «sigan confiando» en la «viabilidad» de la tramitación, «lo cual explícitamente ha sido comunicado», admiten. Para Alicante Avanza «lo más prudente y responsable es desistir» del trámite y «solicitar su archivo».

Tal y como ya publicó este diario en octubre de 2015, el empresario firmó con Ikea en 2012 un compromiso de venta de varias parcelas por 92,5 millones de euros, de los que la mercantil sueca adelantó 35,1 millones. Una cantidad que Ortiz tuvo que garantizar con avales bancarios por 44,3 millones (teniendo en cuenta los intereses).

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