La escasa rentabilidad reduce a mínimos históricos la construcción de viviendas protegidas en Alicante

El Ministerio de Fomento constata que en 2015 sólo se iniciaron 145 pisos de protección pública en la provincia frente a los 2.540 que se contabilizaron en el primer año de la crisis económica

30.05.2016 | 02:05
La escasa rentabilidad reduce a mínimos históricos la construcción de viviendas protegidas en Alicante

La construcción de viviendas de protección pública (VPP) ha pasado prácticamente a la historia en la provincia. Las series estadísticas del Ministerio de Fomento acaban de constatar que el pasado año únicamente se comenzaron a construir 145 pisos protegidos en Alicante. Todos, por cierto, de promotores privados. O, lo que es lo mismo, la Generalitat Valenciana no inició ni una sola promoción en las comarcas alicantinas. Los datos no dejan lugar a la duda. Si en 2008, primer año de la crisis, se aprobaron 2.540 concesiones para este tipo de inmuebles, en 2015 ese guarismo menguó hasta los 35.

Dos son los motivos que han conducido a esta situación. El primero, el parón inmobiliario que atraviesa España desde hace varios años. Pese a que el sector del ladrillo comienza a vislumbrar ahora la luz tras un lustro de sombras, los constructores no se deciden aún a reactivar la promoción de VPP. El segundo motivo explica el porqué: la escasa rentabilidad. Antes de que explotara la burbuja inmobiliaria, miles de familias sólo podían acceder a una casa si era a través de un piso protegido. Los precios que llegaron a alcanzar las viviendas libres resultaban prohibitivos para una importante parte de la población y, por tanto, las VPP tenían fácil salida en el mercado. Pero llegó el crack del ladrillo, los precios comenzaron a descender, los alicantinos dejaron de comprar inmuebles acuciados por los problemas económicos y, además, la diferencia entre adquirir un piso protegido y otro libre ya no era tanta. Resultado: las promociones de VPP se fueron reduciendo de manera progresiva.

Parálisis autonómica
A todo ello se suma, además, la delicada situación financiera de la Generalitat. Cuando los ingresos ligados al ladrillo dejaron de fluir, las arcas del Ejecutivo autonómico se resintieron. La exigua financiación autonómica que llegaba ya desde Madrid no daba para cubrir gastos y el Consell inició un proceso de liquidación de empresas públicas.

Entre ellas, el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa), la entidad encargada de promover la construcción de pisos de protección pública en la Comunidad. En 2012 comenzó un proceso de liquidación que terminó poniendo fin a 25 años de rehabilitación de barrios deprimidos y promoción y construcción de VPP.

A todos estos datos se añaden también los de las calificaciones definitivas para rehabilitar casas protegidas. En este caso ocurre exactamente lo mismo. Las grandes cifras pasaron ya a la historia y en 2015 únicamente se concedieron 277 autorizaciones para reformar VPP en la provincia de Alicante.

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