Los profesionales que participaron en la última reunión del Observatorio de la Vulnerabilidad, celebrada la pasada semana, mostraron su preocupación ante la posibilidad de que la Conselleria de Políticas Inclusivas, dirigida por Mónica Oltra, decida finalmente remunicipalizar la gestión y desarrollo de la prestación. Esta propuesta está incluida en el borrador que maneja la conselleria para la nueva ley de Renta Garantizada. Los expertos ponen en duda la posible transmisión de la gestión de la administración autonómica a los servicios sociales de los ayuntamientos «sin haberse concretado cómo pueden las entidades locales asumir esa carga sin derivación de recursos».
Desde la conselleria admiten que la propuesta está sobre la mesa, aunque puntualizan que todavía «se está trabajando con las diferentes partes afectadas para lograr un texto que sea lo más consensuado posible». Desde Políticas Inclusivas aseguran que, si finalmente se decide que la gestión pase de la Generalitat a los ayuntamientos de la Comunidad, el Ejecutivo autonómico destinaría la dotación presupuestaria «que se considere necesaria».
