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Casi 4.200 alicantinos sin recursos, a la espera de cobrar la Renta Garantizada

El Síndic avala que la conselleria de Mónica Oltra acumula retrasos de más de un año en la prestación

4.200 alicantinos, a la espera de la Renta Garantizada

Casi 4.200 personas con residencia en la provincia de Alicante están a la espera de que la Conselleria de Políticas Inclusivas -antes, de Bienestar Social- resuelva su solicitud para percibir la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), una prestación de «rescate» rescatecuyo objetivo es atender las necesidades básicas de subsistencia y promover la integración de quienes se encuentren en situación de exclusión socialexclusión social. Esta misma semana se ha conocido que casi tres de cada diez españoles -en concreto, el 28,6% de los ciudadanos- se encuentra en riesgo de emergencia social, sin apenas recursos con los que hacer frente a las necesidades básicas, según la encuesta de condiciones de vida publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística.

Coincidiendo con su llegada a la conselleria, Mónica Oltra intentó impulsar la prestación con un aumento de 3,6 millones de euros del presupuesto de 2015 destinado a una ayuda para las personas sin recursos que sirve para cubrir situaciones de emergencia, como la comida, el alojamiento o suministros básicos como la luz y el agua. Mientras, en las cuentas de este año, el Consell destinó 39,3 millones de euros a esta prestación, una cantidad que -según Políticas Inclusivas- puede ser ampliable si «se terminara la prestación y quedara gente sin atender». Sin embargo, la situación sigue atascada un año después de que Oltra accediera a la conselleria, anteriormente en manos de Asunción Sánchez Zaplana (PP). A fecha 15 de mayo, la Conselleria de Oltra admite la existencia de 18.433 expedientes pendientes de resolución. La líder de Compromís denunció hace apenas dos meses que cuando llegó al Consell se encontró «sin personal, sin medios y sin crédito» para gestionar la Renta Garantizada de Ciudadanía, cuya lista de espera era de 19.000 personas, prácticamente la misma que existe un año después. En la provincia de Alicante, según los datos facilitados por la propia conselleria, están a la espera de conocer la resolución 4.195 personas, una cifra que se dispara en Valencia, donde la espera afecta a 12.470 personas. En Castellón, por su parte, están 1.768 personas aguardando la resolución por parte de Políticas Inclusivas.

Esto supone que, a día de hoy, hay más ciudadanos de la Comunidad esperando el dictamen de la Generalitat que cobrando como titular esta prestación de «urgencia». Según la conselleria, unos 9.000 titulares de toda la Comunidad están percibiendo esta prestación: 4.802 titulares en la provincia de Alicante; 3.675, en Valencia, y 620 en Castellón.

Esta espera, explica el área que dirige Oltra, ronda en la provincia de Alicante los seis meses, unas cifras alejadas de las que maneja el Síndic de Greuges. El defensor del pueblo autonómico, con José Cholbi al frente, asegura que la conselleria está tardando unos 14 meses en conceder la prestación a los alicantinos que la solicitan, ya que ahora se están resolviendo ayudas solicitadas en mayo de 2o14. Con unos u otros datos, sigue incumpliéndose el plazo de tres meses previsto en la ley para resolver esta ayuda.

Tiempos y cuantía

La cuantía de esta prestación está en función de los ingresos y del número de miembros que componen la unidad familiar, siendo de media unos 400 euros al mes.

Respecto al tiempo de concesión, la ley establece periodos de cobro de uno a doce meses, pudiendo renovarse hasta un máximo de 36 meses. Una vez agotados, explica la Generalitat Valenciana, de nuevo podrá solicitarse la prestación siempre que transcurran, un mínimo, de dos años desde el último pago.

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