La mitad de los edificios de la provincia necesita someterse a un plan de rehabilitación

La Generalitat y el Ministerio de Fomento cifran en 205.117 los inmuebles construidos antes de 1981, que pueden acceder al conjunto de ayudas que deben solicitarse a través de las comunidades de propietarios

29.05.2016 | 09:40
Dos operarios trabajan en la rehabilitación de un edificio en Alicante en una imagen de archivo.

La provincia de Alicante tiene 205.217 edificios de viviendas construidos antes de 1981 (cerca de la mitad del total de una planta de 423.182 inmuebles), susceptibles de someterse a un proceso de rehabilitación en el plan vivienda que tutelan desde el jueves el Consell y Ministerio de Fomento, y que este año cuenta con una inversión de 26 millones de euros. Las subvenciones pueden llegar a los 8.000 euros por vivienda, de los que hasta 4.000 serán financiados por la Generalitat, que es la primera vez que participa un programa dirigido a mejorar los cascos urbanos de los municipios.

En la provincia de Alicante existen 86.214 edificios construidos antes de 1960, de los que la conservación de 22.521 está considerada como mala o deficiente; 1.568 se consideran en ruinas y 62.125 en buen estado, según los últimos datos hechos públicos por el INE. Según el Colegio de Arquitectos, unos 45.000 inmuebles son susceptibles de someterse a una rehabilitación de forma inmediata.

Pueden solicitar estas ayudas las comunidades de propietario o los propietarios únicos de edificios de viviendas. Tendrán preferencia las obras en edificios en los que al menos el 60% de los propietarios tenga ingresos ponderados inferiores a 6,5 veces el Iprem (salario mínimo de 1.500 euros). Los edificios que se acojan a esta convocatorias deben ser de residencia colectiva, haberse construidos antes de 1981 con al menos el 70% de su superficie para vivienda, y que al menos el 70% de los, pisos constituya el domicilio habitual. El plazo para ejecutar las obras no podrá exceder de 16 meses desde la fecha que figure en el certificado de inicio de las obras. Dicho plazo se podrá ampliar hasta 18 meses cuando se trate de edificios que afecten a cuarenta o más viviendas. En todo caso, las obras deberán estar finalizadas antes del 31 de diciembre de 2017.

En cuanto al programa de renovación urbana, las ayudas se dirigen a obras, por ejemplo, de sustitución de los edificios demolidos. Estas obras deberán tener, con carácter general, un mínimo de 100 viviendas. El máximo de la dotación será del 35% del presupuesto, con 11.000 euros por vivienda rehabilitada, 30.000, por piso construido por sustitución de edificio demolido, y hasta 2.000 euros para la obra de urbanización. La Administración pretende así reorientar el sector de la construcción hacia el alquiler y la rehabilitación.

En el caso del alquiler, el plan incluye un programa de ayudas que permitirá alcanzar a más de 133.000 beneficiarios, frente a los 80.000 actuales. Estos beneficiarios serán con carácter general personas con un límite de ingresos menor a tres veces el Iprem y pagarán una renta igual o menor de 600 euros. Las ayudas, a las que tienen acceso preferente las familias desahuciadas, serán de hasta el 40% de la renta y no superarán los 4.200 euros anuales, con lo que la dotación será de hasta 200 euros mensuales.

El Consell pretende potenciar los procesos de rehabilitación en los ámbitos de mayor vulnerabilidad y contribuir a resolver los problemas relacionados con la accesibilidad y eficiencia energética, patologías estructurales o adecuación de instalaciones del edificio. La subvención será del 35% por parte del Ministerio y de un 10% adicional, que se incorpora por primera vez, por parte de la Generalitat. La Conselleria de Vivienda subvencionará este porcentaje adicional hasta un máximo de 4.000 euros por viviendas en los casos donde el 60% de los propietarios del edificio tengan unos ingresos inferiores al 3,5 Iprem. En total, las ayudas cuentan con un presupuesto de 16 millones, más los 2,5 millones que aporta la Generalitat, y se podrá subvencionar hasta un máximo de 2.000 euros por vivienda en lo que se refiere a conservación y sostenibilidad y de 4.000 euros por vivienda en accesibilidad.

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