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Situación social en la provincia

En el hoyo de la pobreza

Aunque se supone que salimos de la crisis, se están generando nuevas formas de pobreza con el riesgo de hacerse crónicas

Un hombre duerme a las puertas de un cajero automático en la ciudad de Alicante.

Alfonso (nombre ficticio) es abogado y pese a que lleva cuatro años trabajando, apenas llega cada mes al salario mínimo interprofesional. Con 32 años no se atreve a marcharse de casa de sus padres «porque me veo incapaz de hacer frente a un alquiler o al pago de la comida». Como este joven abogado, más 250.000 alicantinos no llegan ni al salario mínimo de 9.034 euros al año, debido sobre todo a la alta temporalidad y al empleo a tiempo parcial.

Alfonso, que ni llega a la categoría de mileurista, conforma esa nueva clase social que ha parido esta crisis y que acertadamente muchos denominan trabajadores pobres. Tienen todas las obligaciones en cuanto a horario y responsabilidad que un trabajo impone, pero sin sus ventajas mínimas, como es la del salario y en el caso de Alfonso, ni la protección social, puesto que es autónomo.

Y es que, aunque parece que la luz comienza a aparecer, en el túnel de la pobreza aún quedan muchas personas que corren el riesgo de quedarse atrapadas en él. Así lo advierten entidades como Cáritas, que alerta de la consolidación de nuevas formas de pobreza en la provincia de Alicante y del peligro de que muchas personas no lleguen a salir de esta crisis, como es el caso de los más de 98.000 parados mayores de 45 años que en la provincia buscan empleo. Uno de ellos es Jaime Bonmatí, de 57 años y con más de 28 años de cotización a sus espaldas. «El problema es que toda mi vida he sido autónomo, por lo que no tengo derecho a paro ni a ningún tipo de prestación».

Desde hace cuatro años busca desesperadamente un empleo, pero siempre se encuentra con la misma contestación. «Me dicen que buscan a alguien más joven, y ¿qué puedo hacer ante esto? ¿quitarme años?». Su vida era desahogada, regentaba un bar y llegó a comprarse un bungalow en la zona del golf. «La clientela bajó por la crisis, el alquiler subió y las deudas se acumularon, por lo que tuve que dejarlo». A la espera, hace un año ya, de cobrar la renta garantizada de inserción, él y su familia tiran de la ayuda que les presta Cruz Roja y del dinero que le dejan los amigos para ir pagando recibos. «Les debo ya un dineral», lamenta Bonmatí, quien se queja amargamente de la situación de los autónomos en España. «De nosotros nunca se acuerda nadie».

En la casa de este parado de la larga duración no entra ningún ingreso. Tampoco en la de Vicentia, una inmigrante africana, que llegó hace cinco años a Alicante, siguiendo los pasos que su marido inició en 2003. Como no entra dinero en casa, «nos han echado ya de varios pisos de alquiler» y actualmente es Cruz Roja quien les facilita la comida, la ropa, los libros de los niños e incluso paga las excursiones escolares. En la provincia de Alicante, la Encuesta de Población Activa cifra en 83.000 los hogares con todos sus miembros en paro.

Los hijos de Vicentia forman parte de ese 36% de menores en la Comunidad Valenciana en riesgo de pobreza. «Será una generación marcada por esta situación, lo que se traducirá en peores niveles de salud y más problemas de desarrollo en el terreno educativo y emocional», explica Daniel La Parra, profesor de Sociología y miembro del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social.

Desigualdades al alza

Los últimos datos del INE apuntan a que el 25,3% de los hogares en la Comunidad está en riesgo de pobreza. Si bien antes de la crisis económica España tenía una de las tasas de pobreza más altas de la UE, los expertos también advierten de que las recetas que se están aplicando para salir de la crisis no son las más adecuadas para corregir estas desigualdades. Todo lo contrario, avanzamos hacia una sociedad más polarizada que nunca. «Es algo que se va a ver especialmente en los salarios, con fenómenos como el de los trabajadores pobres, que sólo podrán optar a cubrir sus necesidades básicas sin llegar a disfrutar de una sociedad de consumo», señala La Parra. A su juicio son varios los fenómenos que explican esta desigualdad estructural que sufre nuestro país. «Por un lado, cómo se desarrolla el mercado de trabajo y la actividad económica, muy centrada en sectores que dan poco valor añadido, como la construcción o el turismo». Otro de los puntos débiles, para el experto de la Universidad de Alicante, es la falta de desarrollo de las políticas del estado del bienestar. «Salvo en el caso de la educación y la sanidad, no existen políticas activas de empleo o de protección social». Por último, Daniel La Parra alude a la creencia ampliamente instalada «de que las familias actúan como un colchón ante la crisis». Algo, a su juicio, falso. «Será un colchón para quienes tienen familia o ésta tiene suficientes medios materiales». Esta creencia, añade La Parra, «ha servido durante años de excusa para que no se desarrollen adecuadamente políticas de protección social».

Con familia, pero con pocas posibilidades de que la ayuden se encuentra, Maria, quien prefiere no dar sus apellidos. A sus 72 años y separada subsiste con 400 euros, de los que buena parte se van en alquiler. Sus 4 hijos procuran ayudarla todos los meses, pero su situación también es precaria, «porque se han tenido que marchar de Alicante para ganarse la vida y aún así sólo encuentran trabajos esporádicos». En esta situación, la peluquería o comprarse unos zapatos se han convertido en actividades de lujo para María, quien nunca pensó verse en este callejón sin salida. «Cuando estaba casada teníamos una posición muy acomodada, vivíamos bien, pero mi marido tuvo un problema de ludopatía y lo echó todo por la borda». A su edad, se suman varios problemas de salud que le impiden trabajar, por lo que tiene que tirar de asociaciones como Cruz Roja que le ayudan dándole alimentos. «Menos mal que soy apañada y con un pimiento hago comida para tres días, pero cuando el médico me dice que haga una dieta especial con carne y pescado me río y le pregunto si me la va a pagar él», ironiza María.

A Mercedes Sirvent, trabajadora social en el Ayuntamiento de Castalla, la situación que vivimos actualmente le recuerda a la España de postguerra, «cuando la gente trabajaba mil horas para llegar a duras penas a fin de mes. La diferencia es que antes eran una clase media-baja, que llegaban muy justos a fin de mes, ahora ni llegan, por lo que la sensación general es de desánimo».

La situación de los mayores de 50 años también preocupa a Sirvent. «Muchos de ellos no tienen cualificación profesional, no volverán a encontrar empleo y han agotado ya todas las prestaciones», advirtió.

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