Tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS), que impide definitivamente la ampliación del campo de golf de El Plantío ubicado en Bacarot, las dos principales acusaciones -Esquerra Unida y Ecologistes en Acció- aseguran que van a exigir la «ejecución de la sentencia», sobre la que ya no cabe ningún tipo de recurso, para así «restaurar» la «legalidad urbanística vulnerada». Esquerra Unida y Ecologistes, que junto a dos particulares denunciaron el proyecto ante los tribunales, pretenden que la empresa promotora derribe unos 200 apartamentos construidos sobre unos 8.000 metros cuadrados. «La sentencia hace inviable tanto la ampliación del campo de golf como el incremento del techo edificable en 8.000 metros cuadrados respecto a la Declaración de Interés Comunitario (DIC) concedida en 1993 por la Generalitat», explican desde la formación, a través de un comunicado, donde se subraya que «el Supremo confirma el rechazo judicial al intento del promotor, el empresario Manuel Ferry, de legalizar el exceso de edificación realizada en el actual campo de golf con una licencia municipal concedida por el PP en 2005 -con Luis Díaz Alperi, al frente del Ayuntamiento de Alicante- para construir más de 200 apartamentos turísticos».
Ahora, con la decisión del Supremo, Esquerra Unida y Ecologistes exigen que la sentencia se ejecute y que los 200 apartamentos se derriben. Este diario intentó ayer sin éxito, como también hizo este pasado jueves, ponerse en contacto con el empresario Manuel Ferry, promotor del proyecto que ha tumbado definitivamente el Tribunal Supremo.
Según EU y Ecologistes, la ampliación que pretendía llevar a cabo El Plantío «se trata de una actuación urbanística que suponía un pelotazo y una clara muestra de las nefastas, insostenibles e ilegales prácticas urbanísticas de dos de los últimos alcaldes de la ciudad, Díaz Alperi y Castedo, y del gobierno autonómico del expresidente Camps. Ellos y su partido, el PP, reciben un merecido varapalo con esta nueva sentencia», recalcan los denunciantes.
El Supremo, en una sentencia del 18 de mayo, ha descartado los recursos presentados por la promotora del proyecto y por la Generalitat contra la resolución del TSJ, que hace justo dos años anuló los acuerdos del Consell que autorizaban ese proyecto al estimar las alegaciones contra la ordenación urbanística de EU, de Ecologistes y de dos particulares.
