La Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia) ha lanzado una plataforma para defender el alquiler turístico en la Costa Blanca. Los promotores denuncian que la campaña que han iniciado los hoteleros, apoyados por la Agencia Valenciana de Turismo, ha comenzado a tener un efecto negativo en el sector de la edificación turística, en forma de bloqueo a la ventas y una mala publicidad hacia la propia provincia por los anuncios de multas generalizadas a quien no registren sus casas. Muchos son extranjeros que pasan 8 o 9 meses al año en la provincia y aprovechan el verano para alquilar sus viviendas. «Pagan impuestos, general riqueza y ahora están asustados», subraya Jesualdo Ros, secretario general de Provia. La plataforma, denominada «Let´s save holiday rentals/Salvemos el alquiler turístico», persigue mantener reuniones tanto con políticos como con otros colectivos que pueden verse afectados por la nueva normativa.

Desde la plataforma se aboga por una regulación justa, que no limite los derechos de usuarios y propietarios de viviendas turísticas, con la existencia de un registro público de viviendas y medidas por parte de las autoridades para facilitar el cumplimiento de la tributación por los ingresos generados de esta actividad. La iniciativa cuenta con una página de Facebook(www.facebook.com/salvemoselalquilerturistico) y una cuenta en Twitter (https://twitter.com/PlataformaAT) donde se informa de la actualidad del sector tanto en la Comunidad como en otras regiones de España, y además, se ha creado una página de firmas en Change.org https://www.change.org/p/salvemos-el-alquiler-turístico para unir a todos los afectados.

El sector del turismo residencial de la provincia de Alicante, uno de los sectores que, según los promotores alicantinos, más contribuyen a la economía provincial, manifiesta su preocupación ante una futura regulación restrictiva del alquiler de apartamentos turísticos. Provia advierte de que el desarrollo de un marco legislativo restrictivo en materia de arrendamiento de viviendas para estancias cortas, similar al que han puesto en marcha otras comunidades autónomas, paralizaría el crecimiento de uno de los sectores económicos estratégicos para la provincia, como es el turismo residencial, según ha hecho público la patronal en un comunicado.

La asociación lleva meses recibiendo muestras de inquietud por parte de las empresas, de asociaciones de residentes extranjeros en la Costa Blanca y otros sectores sociales que temen que la Generalitat Valenciana se inspire en otras autonomías en su regulación e implante cláusulas vinculadas a estancias mínimas, requisitos desproporcionados relativos al equipamiento de la vivienda o limitaciones por localización de las viviendas, entre otras. Este tipo de medidas significarían, según la asociación, que potenciales compradores optasen por otros destinos para realizar inversiones inmobiliarias, desviándose en torno a un 30% de las ventas hacia otros países, así como la limitación de la llegada de visitantes que utilizan este sistema de alojamiento en la Costa Blanca, y que, según los últimos datos del INE, se está convirtiendo en una opción cada vez más demandada en nuestra Comunidad, fomentando la desestacionalización y el aumento del turismo.

Para la patronal es de vital importancia que la Generalitat, lejos de recrudecer la normativa actual, busque mecanismos eficientes de control para hacer cumplir la ya existente, y además ofrezca tranquilidad y seguridad a los propietarios que deciden alquilar su vivienda con fines turísticos pero que no prestan servicios propios de la industria hotelera. Además, Provia considera que las autoridades políticas deben contar con este sector a la hora de tomar medidas relacionadas con el alquiler turístico o de estancias cortas, pues el turismo residencial es uno de los motores económicos de la Comunidad Valenciana.

En este sentido, apuntan que el alojamiento privado generó en el año 2.014 unos ingresos superiores a 4.600 millones de euros en la Comunidad Valenciana y la venta de viviendas a extranjeros, solo en la provincia de Alicante, supuso en el año 2015 una facturación en escritura pública de 2.271 millones de euros sin incluir impuestos (una cifra por encima de otros sectores como el calzado -1.578 millones de euros). Por otro lado, «una legislación más restrictiva influiría muy negativamente en la economía de propietarios extranjeros y nacionales que alquilan sus viviendas en determinados periodos del año para obtener unos ingresos extra que les permitan hacer frente a los impuestos de la misma o, incluso, a mejorar una situación económica difícil», señala Jesualdo Ros.

El objetivo de la plataforma es integrar a todos los agentes implicados en el alquiler de viviendas turísticas (propietarios, empresas, asociaciones, etc.) y cuyo objetivo es poner en valor los beneficios que el alquiler turístico aporta a nuestra Comunidad y hacer hincapié en los peligros derivados del cambio a una legislación más restrictiva. En última instancia, esta plataforma persigue, si se prevén cambios en esta materia, participar activamente en el desarrollo de la legislación en la Comunidad Valenciana.