La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la declaración en calidad de investigado del técnico de Carreteras del Ministerio de Fomento Enrique Peiró, denegada por el juez al archivar el caso por considerar «innecesaria». Briones plantea en el recurso que la intervención del funcionario se produce cuando el plan Rabasa se encuentra pendiente de la aprobación de la Generalitat. El empresario tenía prisa por recibir el visto bueno ante el temor de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad tomara cualquier tipo de resolución contra él ante las demandas que se habían presentado. Entre la documentación remitida faltaba un informe de impacto acústico. El fiscal señala que a través del responsable de la Gerencia de Urbanismo, Enrique Sanus, Ortiz logró que Peiró emitiera un informe para decir que esa documentación no era necesaria en esa fase, «informe que se hizo sin haber sido requerido oficialmente para ello desde el Ministerio de Fomento ni desde la Aministración Autonómica». El fin último era que la técnico de la Generalitat obviara ese requisito para que el empresario obtuviera un informe favorable.
El fiscal señala que en ocasiones los investigados realizaban la presión a los técnicos a través de sus superiores, que se veían condicionados en las resoluciones que debían adoptar. Anticorrupción ha destacartado que los delitos de cohecho estén prescritos, tal como argumentaba el juez en su resolución, en alusión a un bolso recibido por la técnico Maria Isabel Campos y la proposición de negocios con el marido de ésta a Ortiz. Sobre este último punto, Briones señala que todavía faltan informes de la Policía.
