El conseller de Educación, Vicent Marzà, insistió ayer en la «utilización electoral» por el PP de la concentración del domingo a favor de la escuela concertada, dijo que los alumnos que estudian en esos centros «deben estar tranquilos» y defendió que el fin de la Generalitat es proteger a las familias.

«Lo que estamos haciendo es mirar por las familias, por la calidad educativa de los niños y niñas, y lo que hace el PP es intentar proteger sus intereses electorales y, sobre todo, a determinados titulares de centros privados. Es una cuestión que sabemos que es partidista», aseguró Marzà.

El conseller hizo estas declaraciones a los periodistas después de asistir, en la sede del Conselleria, a la jornada «Horizonte 2020, reto 6: Europa en un mundo cambiante: sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas». Se preguntó cómo antes no se manifestaban «cuando había veintiocho niños en aulas que solo estaban preparadas para 14 alumnos en los centros concertados y ahora se movilizan» cuando lo que hace el Consell es «reducir las ratios para que estén mejor atendidos». «No entendemos que se esté mirando por la calidad educativa, sino que alguna gente está mirando por su negocio», remarcó.

Por su parte, la presidenta de la Concapa, Julia Llopis, mostró ayer su satisfacción por el poder de convocatoria de la manifestación que el domingo reunió en Valencia a cerca de 40.000 personas contra la supresión de aulas en los colegios concertados. «Esto ha sido una señal de alerta por parte de las familias y ahora sólo esperamos que el presidente de la Generalitat se lo piense mejor y se siente a hablar porque hay una demanda social y se deben respetar los derechos de las familias a elegir libremente». Llopis sostiene que mientras la situación no cambie seguirán con el calendario de movilizaciones. «Ya estamos preparando otra manifestación en Elche, donde hay mucha gente deseando movilizarse». La presidenta de Concapa cifra en 51 los autobuses que se desplazaron desde Alicante para participar en la manifestación de Valencia. Mientras, la portavoz adjunta del Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España, pidió ayer al alcalde, Gabriel Echávarri, que salga en defensa de las miles de familias alicantinas perjudicadas por la decisión del conseller de Educación, Vicent Marzà, de «acabar con la Educación Concertada con la progresiva eliminación de sus aulas». De España ha calificado el cierre de aulas en la ciudad de Alicante como «un ataque a la libertad y a los derechos de los padres para decidir la educación de sus hijos, y el alcalde no puede eludir esta problemática ni un día más y desentenderse de las familias».