El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Alicante está estudiando si presenta una querella por injurias contra la concejala de Guanyar Marisol Moreno después de que ayer no se aviniera a pagar los 3.000 euros que le reclamaban los populares por haber dicho que la junta de Gobierno del PP se reunía en el D´Angelo.

El acto de conciliación previo a la interposición de la querella estaba señalado en el juzgado de Primera Instancia número 7 de Alicante donde el abogado de la edil presentó un escrito enmarcando en el derecho a la libertad de expresión las palabras de Moreno de las que, precisaba, la responsable municipal de Juventud ya había pedido disculpas públicas. Por ello tampoco procedía retractarse de lo que dijo, otra de las peticiones planteadas por los ediles del PP Luis Barcala y María del Carmen de España para el acto de conciliación que acabó en no avenimiento.

En su demanda de conciliación, los populares precisaban que los tres mil euros que piden a la edil serían donados íntegramente a una organización no gubernamental de la ciudad de Alicante que realice proyectos específicos de apoyo a colectivos desfavorecidos. Y sostenían que «la acusación que realiza la señora Moreno en las manifestaciones realizadas en la Comisión de Presidencia del 1 de febrero son falsas, careciendo de verosimilitud alguna, y habiendo sido realizadas con la única finalidad de menoscabar la reputación y la dignidad de la institución municipal y de los anteriores miembros de la Corporación en cuanto cargos públicos». En esa comisión participaban concejales de los cinco grupos políticos con representación actualmente en el Ayuntamiento.

Ésta es la segunda ocasión en que la edil acaba en los tribunales por sus manifestaciones. Por la primera está pagado a plazos los 6.000 euros que le impuso el juez de la Audiencia Nacional que la condenó por llamar al Rey Juan Carlos asesino, vago y borracho en su blog después de que saliera la imagen del Monarca junto a un elefante abatido a tiros en una cacería. Aunque antes de celebrarse la vista oral por estos hechos el fiscal ofreció a la edil la posibilidad de rebajarle la cuantía económica de la sanción siempre y cuando se declarara culpable de los hechos de los que estaba acusada, el representante de Guanyar declinó el ofrecimiento y prefirió someterse al juicio en el reivindicó su derecho a la libertad de expresión y tras el que finalmente fue condenada.