La Asociación Custodia Compartida de Alicante ha llegado hasta la oficina del Alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en su protesta contra la decisión del Ayuntamiento de negarles el salón de actos de Puerta Ferrisa para el congreso internacional que se celebró finalmente en un hotel el 6 y 7 de mayo pasados. La Asociación, además de en la ONU, ha presentado su protesta en el Consejo de Europa, ha pedido el amparo tanto del Defensor del Pueblo como del Síndic de Greuges y ha presentado una queja oficial en el Ayuntamiento.
La asociación acusa al consistorio de «violación del derecho a la libertad de expresión respecto de personas con antecedentes penales por maltrato», tal como se especifica en el documento remitido a Ginebra por el vicepresidente de la asociación José Quesada.
Este conflicto partió de la negativa del Ayuntamiento a ceder a la Asociación alicantina la Puerta Ferrisa para su congreso. El año anterior sí se les había concedido y Quesada aseguró que este año tenían una concesión verbal por lo que llegaron a editar toda la publicidad e información del congreso en Puerta Ferrisa. El Ayuntamiento, sin embargo, y tras una discrepancia en las Cortes Valencianas entre Compromís y el PSOE por la ley valenciana de Custodia Compartida que los socialistas quieren derogar, les negó finalmente el espacio. Desde el Ayuntamiento se aseguró que el cambio de opinión no se debía a cuestiones políticas y en una nota de prensa justificó su negativa a ceder el local porque uno de los ponentes tenía antecedentes por maltrato.
Protección de datos
En sus quejas a La ONU y al resto de organismos nacionales e internacionales, la Asociación Custodia Compartida considera que «el Ayuntamiento indagó los antecedentes penales de los ponentes y encontró que uno de ellos en el pasado había sido condenado y, sin que esos antecedentes penales tuvieran vigencia en la actualidad, revocó la autorización». Por ello consideran que la práctica del Ayuntamiento «supone recuperar la figura "banned person" usada durante el régimen de Apartheid». A su juicio, la negativa municipal supuso una «violación del derecho a la libertad de expresión» de la Asociación al vetar a un ponente elegido por ella. Al tiempo indican que el Ayuntamiento ha podido incurrir en una violación de la Ley de protección de datos al captar los antecedentes penales del ponente.
