Aunque la provincia de Alicante escapa a la tendencia que viven otras ciudades españolas, con un incremento de los casos de homofobia, aún hay situaciones dignas de ser denunciadas. En este sentido, la asociación Diversitat, que trabaja en la defensa de los derechos de personas LGTBI, ha recibido en el último año 14 quejas por trato discriminatorio en centros de salud de la provincia de Alicante. La situación más sonada fue la de una lesbiana que denunció a su médico por decirle que su condición era «anormal» y que los homosexuales tienen más enfermedades que el resto.
Como esta, Diversitat ha recibido más quejas «por comentarios despectivos o juicios de valor que nada tienen que ver con el acto sanitario», señaló ayer Juan David Santiago, presidente de esta asociación. Santiago pone más ejemplos. «Una pareja de mujeres acudió a una pediatra con su hijo y ésta les soltó que: "soy católica y esto de la diversidad familiar no lo entiendo"». Cuatro de estas denuncias han terminado en los juzgados y alguna en el Síndic, aunque la mayoría se ponen en conocimiento de la Conselleria de Sanidad, «donde hemos encontrado muy buena sintonía».
Educación tampoco escapa a situaciones discriminatorias. «En el ciclo de auxiliar de clínica se trabaja con un manual que dedica un capítulo a las enfermedades de transmisión sexual y en él se dice que el colectivo gay es más propenso a sufrirlas debido a su promiscuidad». Además, la asociación ha tenido que acudir en cuatro ocasiones a institutos de la provincia para actuar frente a graves casos de acoso escolar, «al margen de las charlas que hacemos en los centros sobre concienciación para evitar que estas situaciones terminen en aislamiento o intento de suicidio».
Con todo, Juan David Santiago afirma que el porcentaje de denuncias en Alicante es menor al de otras provincias españolas. «En Madrid, por ejemplo, están sufriendo una ola de LGTBI fobia. Sin embargo Alicante es un claro compromiso por parte de la administración de que cuando se detecta un caso de discriminación nos ponemos manos a la obra para trabajar en solucionarlo cuando antes». No obstante, Santiago pide que la ley cambie de forma que las agresiones al colectivo LGTBI «se consideren delitos de odio».
