El registro del Síndic de Greuges se ha visto bloqueado por la avalancha de quejas formuladas por padres de alumnos de los colegios concertados a título particular, aunque auspiciados desde sus correspondientes centros educativos, reclamando su derecho a elegir el tipo de enseñanza para sus hijos.
Como una sola voz, pero en documentos firmados individualmente que han llegado a saturar la oficina saturar la oficina, tal y como han hecho saber los responsables de la sindicatura a la presidenta de la Confederación autonómica de padres de alumnos, Julia María Llopis, solicitan el amparado del Síndic a partir del artículo 27 de la Constitución que indica que «los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».
En el modelo de documento que los centros enviaron a los padres para animarles a rellenarlo, las familias han señalado su queja por «la supresión injustificada de la enseñanza concertada que está aplicando la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, vulnerando la libertad de elección de centro por parte de las familias, reconocida en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el derecho a la financiación pública a través del concierto educativo».
La presidenta de los padres de alumnos ha hecho saber al Síndic que los padres «han actuado libremente», ante las petición de que dejaran de enviarse quejas con el mismo contenido.
Con la intención de que el Consell «de su brazo a torcer» y atienda estas peticiones, Concapa vuelve a convocar otra movilización la tarde del jueves próximo en Orihuela, con el convencimiento de que la presión social y la existencia de matrícula suficiente en las aulas suprimidas, entre ellas las señaladas por el conseller como pendientes en FP Básica, puedan mantener el concierto.
