El conseller de Educación, Vicent Marzà, sigue dando vueltas a la forma de eludir la reválida de sexto curso de Primaria, con la que ya se ha manifestado contrario pese a que otras comunidades ya la han llevado a cabo.

Ayer, con motivo de la conferencia sectorial de Educación a la que fueron convocados por el ministerio todos los responsables de las distintas autonomías, Marzà subrayó que su departamento va a trasladar a los maestros de Primaria de todos los colegios «un modelo de examen por si lo quieren utilizar» en la referida evaluación de sexto de Primaria.

La prueba, que deberá validar finalmente una comisión externa para que los datos se puedan compatibilizar en el conjunto del país, combinará en el caso de los centros de la Comunidad Valenciana «la evaluación continua con la información a las familias», extremo que sí contempla la Lomce expresamente y que el ministro Méndez Vigo quiere que se ejecute.

Junto al resto de autonomías socialistas -Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura-, la valenciana dejará libertad a los centros escolares para que decidan si la evaluación obligatoria de sexto de Primaria se hace con o sin exámenes. Marzà afirmó que suscribe «todo» lo acordado por el resto de responsables educativos que respaldan un modelo alternativo de reválida con el propósito de orillar en lo posible la Lomce.

«Confiamos en nuestros maestros para que estén durante toda la vida escolar de nuestro niños, acompañándolos», apuntó el conseller, quien añadió que no comparte que «no se les permita que sean ellos mismos los que les evalúen».

La Lomce contempla que las evaluaciones deben ser aplicadas por «personal funcionario externo al centro», lo que implica un coste también económico contra el que se han pronunciado tanto Marzà como el secretario autonómico, Miguel Soler.

El conseller añadió su disconformidad ante la convocatoria del ministro, Íñigo Méndez de Vigo, «justo cuando se terminan las pruebas» en otras comunidades además de en Ceuta y Melilla, cuya competencia educativa corresponde al ministerio. Marzà considera que debieron convocarles cuando lo solicitaron «más de la mitad» de las autonomías, tal y como establece el propio reglamento de la Conferencia Sectorial.

Sabedor de que una mayoría de comunidades quiere paralizar la ley, el responsable de la Comunidad trasladó al ministro su oposición también a las próximas reválidas previstas en cuarto de Secundaria y en Bachillerato.

Sobre esta última, similar a la actual selectividad, Marzà sostiene que «no tiene ningún sentido» que se haya pactado de antemano con la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), a quienes se aseguró que no sería tipo test.

Las comunidades autónomas son la que, como recalca el conseller Vicent Marzà, en última instancia «determinan el Bachillerato» y aprueban los contenidos del currículo y, por lo mismo, entiende que el ministerio debió convocar a los consejeros cuando se lo pidieron todos los del partido socialista para abordar este asunto también.