El magistrado César Martínez acaba de dar carpetazo a la investigación que se abrió para averiguar si se cometieron irregularidades en el macroplan urbanístico de Rabasa. En el procedimiento aparecían como investigados, entre otros, la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo y el constructor Enrique Ortiz.
La decisión, que casi con toda seguridad será recurrida, se toma cuando aún quedan numerosas diligencias solicitadas por las partes sin practicar. Entre otras, la declaración de la cúpula de Ikea, cuyo centro comercial pretendía instalarse en los terrenos de Rabasa investigados, o la imputación de un técnico del Ministerio de Fomento.
"Es indiferente que sea más o menos apropiada la forma en la que se relacionan los empresarios y su empleados en la persecución del éxito en sus negocios y los políticos y funcionarios en el progreso de la causa pública cuando ninguno de ellos rebase, en este ámbito, la línea marcada por los comportamientos constitutivos de infracción penal", recoge el auto.
El juez mantiene también que "la condición de agente urbanizador del Sr. Ortiz detemina de forma absoluta el modo en el que debe o puede relacionarse con la administración. Y es desde el momento de esa adquisición que está facultado, es más, obligado, a tener una postura activa para el continuo avance del plan. Como se ha dicho antes, no entra dentro del examen de este procedimiento la forma más o menos adecuada en la que se pudo dirigir a los funcionarios y autoridades relacionados con el plan, o la forma en la que éstos le permitieran a él y sus empleados expresarse en su trato directo. Lo que puede sostener la continuación del procedimiento es la adopción por esos funcionarios y autoridades de actos o resoluciones contrarias al ordenamiento jurídico penal".
