13 de mayo de 2016
13.05.2016

La enseñanza concertada acorrala a Puig y le pide amparo ante Marzà

El líder socialista defiende al conseller, que abre 28 aulas y suprime 31 con un saldo global de 3 cierres

14.05.2016 | 01:23
La enseñanza concertada acorrala a Puig y le pide amparo ante Marzà

El president replica al PP que en el Consell no necesitan exhibir que «muchos somos católicos».

Con una sonora pitada y decenas de escritos en los que exponen la situación de cada uno de los centros que pierden aulas, responsables de una treintena de centros concertados acorralaron ayer al president Ximo Puig cuando se dirigía desde el Palau a Las Cortes para responder a preguntas del PP sobre una planificación educativa que tanta polvareda ha levantado entre el sector de la enseñanza concertada.

Los afectados pedían «amparo ante la indefensión de los centros que pierden unidades», como apuntó la presidenta de Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana, Vicenta Rodríguez, quien lamentó asimismo que «no se respeta la educación de unos hijos, la libertad de unos padres y el derecho de unos trabajadores».

En la misma línea, la presidenta de Concapa, Julia María Llopis, había sugerido esta misma semana ante miles de padres concentrados en la plaza del Ayuntamiento de Alicante que el PSOE debía enmendar la plana al conseller de Educación, Vicente Marzà, y rectificar la supresión de conciertos que el expresidente González puso en marcha.

Ratio progresiva
Así se lo hizo saber igualmente la exconsellera de Educación, María José Catalá, al presidente Puig, una vez en Las Cortes: «Han dicho de los titulares de la concertada que son demagogos, que incumplen la ley y, ahora, que son delincuentes» –la vicepresidenta Oltra acababa de aludir a las irregularidades que investiga la Fiscalía sobre pagos excesivos a centros concertados en la etapa del PP–. Si no rectifican –concluyó Catalá–, mienten e incumplen la ley porque hay centros con alumnos que suprimen y denostan a la concertada».

El conseller Marzà primero, Fran Ferri a continuación –ambos de Compromís– y finalmente el propio Puig, replicaron como una sola voz a las críticas del PP. El primero les acusó de no estar al lado de las familias, sino «de un negocio que ya ha acabado»; el segundo valoró que el PP cerró 416 aulas públicas y tiró a los profesores a la calle mientras que el Consell contrata más docentes, y el president defendió igualmente la política educativa del conseller Marzà dando la espalda a las peticiones de los representantes de la enseñanza concertada.

Puig enfatizó frente a los ataques de «anticatolicismo del gobierno de la izquierda», provenientes desde las filas populares, que «a algunos lo que les va es el totalitarismo. Nosotros no estamos por la ortodoxia ni contra el catolicismo, no necesitamos exhibir que muchos somos católicos porque la educación es un valor democrático que une y Marzà lo está haciendo posible».

También recordó el president que en breve se publicará el decreto de reducción progresiva de ratio de niños por aula, aplicado ya en la planificación de Marzà en los primeros cursos. Recalcó que así se recupera en un año lo perdido en cuatro con el Partido Popular, al que acusó de aplicar las ratios máximas que legisló Rajoy en 2012 en la ley por la austeridad y los recortes. Puig cifró el cierre en la concertadas en «sólo tres aulas» –de 28 que se abren y 31 que se suprimen–, y aludió a la próxima Ley Valenciana por la Educación.

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