El auto por el que se archiva el caso Rabasa limita las supuestas dádivas del empresario Enrique Ortiz a autoridades públicas a un bolso que habría recibido la técnico municipal María Isabel Campos. El magistrado César Martínez no ve delictiva la entrega de tarjetas de aparcamiento gratis en el parking de Alfonso el Sabio por parte del empresario a técnicos y concejales del Ayuntamiento. El supuesto pago por parte de Ortiz de un viaje a Oporto al que acudieron autoridades municipales para visitar una feria de Ikea quedó fuera de la investigación, recuerda el juez, en una resolución que fue respaldada por la Audiencia en marzo de 2015.
El juez señala que las escuchas apuntan a que Ortiz habría regalado un bolso valorado en 200 euros a la técnico María Isabel Campos y recuerda que ésta declaró en su día ante el juzgado que se encontró el obsequio al regreso de sus vacaciones de Navidad y llamó a Ortiz para darle las gracias, pero finalmente lo devolvió.
En cuanto a las tarjetas de aparcamiento, el magistrado se remonta a los testimonios de los implicados e incide en que se entregaban al Ayuntamiento más de treinta cartones desde el año 1999. «Se dice que eran entregadas a concejales y no sólo del equipo de gobierno sino de otros partidos políticos y altos cargos de la corporación», dice el juez, por lo que ve «dudoso» que estos hechos tengan entidad para constituir un delito de cohecho.
Según el auto, los presuntos cohechos estarían prescritos al haberse cumplido el plazo de tres años. «Este procedimiento estuvo cuatro años paralizado», recuerda la resolución.
El juez señala también una conversación entre la técnico Campos y Ortiz del 31 de marzo de 2009, en la que ésta le dice que su marido tiene unos pagarés de una empresa importante que no tiene nada que ver con la construcción, de siete millones y medio con un 15% de beneficio, en el descuento y que si le puede interesar hable con él. «En dos años de conversaciones telefónicas del señor Ortiz, este asunto no se vuelve a oir nada más», recalca el magistrado.
A fin de profundizar en estos hechos, el juzgado acordó una investigación del patrimonio de la técnico y su esposo y seis mercantiles en las que éste aparecía en el consejo de administración. Según el auto, tras un año esperando el informe policial, «éste se presentó en el juzgado el 6 de mayo de 2016 con resultado infructuoso a los efectos pretendidos». En la investigación, «lo único que apareció es una remesa de cheques de una mercantil cuya cantidad no coincide ni de forma individual ni sumada, que además ni siquiera se afirma que tengan relación con el señor Ortiz», argumenta el magistrado. Por tanto, sostiene que el resultado debe ser el cierre de la investigación, «porque lo contrario sería, sencillamente, mantenerla abierta de manera artificial, lo que no es legítimo», sentencia la resolución.
