El Gobierno central sale al rescate de la Diputación de Alicante. El ministro en funciones de Asuntos Exteriores y cabeza de cartel del PP por la provincia el pasado 20-D, José Manuel García-Margallo, anunció ayer que la Abogacía del Estado ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de coordinación que aprobó la Generalitat decreto de coordinaciónGeneralitat y que, de facto, conlleva la intervención del presupuesto y las competencias de la institución provincial en materia turísticacompetencias materia turística y de promoción de eventos deportivos. «Se trata de preservar las competencias históricas de las diputaciones provinciales. Excuso decir la importancia que tiene para mi provincia, Alicante, que la Diputación siga conservando esas competencias. Lo que funciona no hay que tocarlo», sentenció el ministro, en declaraciones a Efe.
Los movimientos del Gobierno no se quedarán previsiblemente ahí. Y es que junto al recurso contencioso-administrativo presentado en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana se podría unir otro de inconstitucionalidad en los próximos días. Éste se registraría directamente en el Tribunal Constitucional, aunque antes de que vea la luz el Ejecutivo quiere conocer la opinión de los presidentes de las diputaciones de Alicante y Castellón, César Sánchez y Javier Moliner, respectivamente. Ambos, por cierto, del PP.
Este nuevo encontronazo entre el Gobierno y la Generalitat se suma al fuego cruzado que se ha vivido en la Comunidad durante los últimos meses a cuenta del decreto. La polémica estalló el 11 de febrero. Ese día, el jefe del Consell, Ximo Puig, anunció en las Cortes la aprobación inmediata de ese documento y argumentó que «no es razonable» que cada administración «vaya a la suya».
Nada más tener conocimiento de las intenciones de la Generalitat, la Diputación de Alicante se revolvió. Y su presidente, César Sánchez, abanderó una campaña para que el Ejecutivo valenciano reculara y metiera en un cajón el decreto de coordinación. Pero no lo consiguió.
El Consell, no obstante, aplazó hasta en dos ocasiones la aprobación del texto con la finalidad de explorar un acuerdo con la corporación provincial. La primera fue el 18 de febrero. La Generalitat decidió «sacar» el documento de su sesión plenaria y abrió un periodo de negociación para buscar consenso. El segundo aplazamiento se produjo una semana después. Las posturas entre las dos partes se enconaron y el texto se acabó aprobando en marzo.
Resultado: la Diputación de Alicante consumó su amenaza y llevo el decreto al TSJ al considerar que es nulo y la dejar sin competencias. Las acciones legales salieron adelante gracias al único dirigente de Ciudadanos (C's) en la institución provincial, Fernando Sepulcre. Una vez más, se abstuvo en la sesión plenaria del 30 de marzo y «salvó» la propuesta del PP pese a que por aquel entonces ya había dado por roto su pacto de gobierno con los populares.
Poco después de que comenzara la batalla jurídica, la Diputación escenificó su malestar con la Generalitat. El 28 de abril, el vicepresidente Carlos Castillo y el diputado de Turismo, Eduardo Dolón, se levantaron de la mesa en la que debía constituirse el Consejo de Coordinación Turística, un órgano previsto en el decreto en el que los agentes implicados deben sustentar sus acuerdos. Ambos alegaron entonces que abandonaron el cónclave de manera prematura debido al recurso interpuesto ante el TSJ e insistieron en que el documento atentaba contra la autonomía del Palacio Provincial. Ese mismo día, tanto Sánchez como Moliner exhibieron su unión con una comparecencia pública en los jardines de la Diputación de Alicante. Y ambos insistieron en que seguirían dando guerra.
Ahora han obtenido resultado. El máximo responsable de la institución provincial alicantina entabló conversaciones con el ministro en funciones de Asuntos Exteriores y aprovechó la visita de Mariano Rajoy a Alicante para pedirle que saliera en defensa de la Diputación. Pues bien, el Gobierno no ha tardado en auxiliarla. Ya ha interpuesto el recurso contencioso-administrativo en el TSJ y esta misma semana Margallo, César Sánchez y Javier Moliner mantendrán una reunión en Alicante en la que los dos presidentes de las corporaciones provinciales apostarán por que el Gobierno promueva también un recurso de inconstitucionalidad.
Enésimo choque jurídico
Las acciones legales que acaba de emprender el Gobierno central contra el decreto de la Generalitat se suman a otras muchas. Esta pasada semana, sin ir más lejos, el Tribunal Constitucional anuló, a petición del Ejecutivo, la Ley de Régimen Económico Matrimonial de la Comunidad Valenciana al estimar que invade competencias estatales. Además, el Gobierno recurrió las leyes de custodia compartida en caso de cese de la convivencia (aprobada en 2011) y la de uniones de hecho (2012). Puig solicitó por escrito a Rajoy que retirase los recursos, pero no obtuvo la respuesta esperada.
