Guanyar no está dispuesto a arrojar la toalla en la municipalización de las contratas caducadas en manos de Enrique Ortiz pese al informe del secretario municipal contrario al sistema de sucesión de empresas que se plantea como fórmula para rescatar los servicios. El alto técnico considera que la fórmula, impugnada por el Gobierno en municipios como Alzira, no es viable jurídicamente. Mientras el tripartito no se decida sobre rescatar o licitar las contratas tendrá que seguir pagando a Ortiz cerca de 800.000 euros al mes por los servicios que presta fuera de contrato para la limpieza de colegios y dependencias y el mantenimiento del cementerio.

Para el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, «el informe de la Secretaría General del Pleno es preceptivo, por eso lo hemos pedido, pero no es vinculante tal y como consta en el propio informe». Pavón cree que «el informe deja muy claro que lo que contiene son criterios de apreciación técnica que no impiden que el alcalde o el órgano competente de la corporación, por ejemplo la Junta de Gobierno Local, pueda tomar la decisión que considere más oportuna». Con base en ello, desde Guanyar entienden «que se trata de una decisión política y vamos a seguir defendiendo la municipalización de servicios porque es lo que figura en el pacto que hemos suscrito las tres formaciones que componemos el gobierno de la ciudad de Alicante».

Para hoy mismo está prevista la celebración de la reunión de la comisión de municipalización de contratas, en la que, explica el vicealcalde, «estamos representadas las tres formaciones políticas (PSOE, Guanyar y Compromís) y, en su seno, valoraremos el contenido del informe de la Secretaría General del Pleno». Mientras tanto, dijo Pavón, «vamos a analizar en detalle el informe y a recabar opiniones sobre el mismo desde el punto de vista jurídico a fin de aportar nuestra valoración a la reunión de la comisión».

El PSOE ya mostró sus reticencias a la sucesión de empresas planteada por Guanyar el Ayuntamiento asumiría al personal de las contratas manteniendo su sueldo y condiciones laborales al entender que generaría desigualdades. Por su parte, el portavoz del tripartito y líder municipal de Compromís, Natxo Bellido, coincide con Guanyar en que el informe es «preceptivo, pero no vinculante», si bien agrega que «cuando los pedimos es para hacerles caso». Bellido sostiene que a su grupo «no se nos ocurren más vías» para la municipalización de contratos, por lo que considera que están abocados a licitarlos. Con todo, agrega que «estamos abiertos a estudiar si hay otras vías o informes jurídicos» y que será en la comisión municipal donde se valorará el informe del secretario. Bellido espera que de ahí salga una decisión.

Por otro lado, la Junta de Gobierno acordó ayer el pago de otros 675.000 euros por otro contrato caducado. En este caso, el de suministro eléctrico que caducó en octubre y que el tripartito ha sacado a licitación recientemente.