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Esteban Beltrán: «La crisis en España ha sido devastadora para los derechos humanos»

Beltrán pedirá que el derecho a la salud, la vivienda y la alimentación se blinden en la Constitución

Esteban Beltrán: «La crisis en España ha sido devastadora para los derechos humanos»

¿Se acostumbra uno a recoger premios después de 25 años de andadura profesional?

Tampoco creas que nos dan tantos, aunque siempre suponen un estímulo sobre todo cuando vienen de una asociación que tiene que ver con la sociedad civil. Nos ayuda a seguir trabajando y supone un canal para decir las cosas de la mejor forma posible.

La actualidad obliga a que le pregunte por la crisis de refugiados sirios.

En estos momentos es la máxima prioridad para Amnistía Internacional. Cerca de 60 millones de personas han huido por temor a ser asesinados. De ellos 20 millones son refugiados, que huyen fuera de las fronteras de sus países. De ellos, seis millones son sirios y la mayoría están en Jordania, Líbano y Turquía. El resto tratan de llegar a Europa y otros países. Se trata de la mayor crisis humanitaria desde la segunda Guerra Mundial y ante ella los estados dan una respuesta ilegal. Porque los refugiados no pueden ser devueltos a sus países o a otros donde corren peligro, como Turquía. Se vulnera la ley internacional y los principios de humanidad.

¿Esperaba una respuesta así?

Nuestra tendencia natural es a desconfiar de los gobiernos. No es que sea una respuesta ineficaz, ya que lo que busca es mantener a los refugiados lo más lejos posible de los países. Alemania ha recibido a 330.000 refugiados y por España han pasado unos 1.500 a través de Ceuta y Melilla y apenas se han quedado porque el sistema lleva a la indigencia. Canada en tres meses ha recibido a 25.000 en España hemos recibido a 18. Lo que falta es voluntad política.

¿Qué repercusión ha tenido la crisis económica en España sobre los derechos humanos?

Ha sido devastadora para los derechos humanos. En realidad más que una crisis económica, es una crisis de derechos humanos. Ha habido 500.000 desahucios, de ellos 40.000 de primera vivienda. 700.000 inmigrantes a quienes se les retiró la tarjeta sanitaria. También ha provocado recortes en materia de reunión, de manifestación. Ya no se reconoce la manifestación espontánea, se ponen multas de 30.000 euros a quien grabe a un policía... También hay una tendencia que es hacer cada vez más ambigua la legislación antiterrorista. Puede significar que personas inocentes sean procesadas por enaltecimiento del terrorismo, como ha sido el caso de los titiriteros.

La lucha contra el yihadismo, ¿hace que estemos perdiendo libertades?

Está claro que perdemos más libertades. Hay aspectos del código penal por los que te pueden procesar por incitación del terrorismo. En Francia, por ejemplo, han usado medidas antiterroristas en la cumbre del cambio climático para dejar en su casa a 60 activistas. El combate de terrorismo no puede pasar por la restricción de libertades, lo que nos lleva a una situación peligrosa para la democracia y los derechos humanos. Pero eso pasa en todo el mundo. En Pakistán han puesto la pena de muerte y en China una ley para las ONG con el argumento de combatir el terrorismo. La supuesta seguridad nacional se usa para criminalizar la protesta pacífica.

¿No le parece paradójico que siempre se ponga como ejemplo de potencias económicas emergentes a países como India en los que aún queda tanto por avanzar en materia de derechos humanos y pobreza?

El crecimiento económico no representa los derechos humanos si no hay una redistribución de la riqueza del país. En India hay algunos avances, como que los intocables ya no están proscritos por ley, aunque en la práctica se sigue produciendo la discriminación.

¿Qué le pide al nuevo gobierno que salga de las urnas en junio?

Le vamos a presentar una agenda. La primera es revertir leyes y prácticas que han ido contra los derechos humanos. Por ejemplo, en 2009 se cambió el concepto de justicia internacional y cada vez es más difícil perseguir desde España delitos en otros países. Por otro lado, hay que avanzar en una propuesta de reforma constitucional que iguale la protección de los derechos civiles con el derecho a salud, vivienda y alimentación para que no vuelvan a ocurrir situaciones como las vividas en los últimos años. En la Constitución estos derechos figuran como de segunda categoría. Necesitamos una reforma que haga que esto no se repita y si algún gobierno está tentado de eliminarlo, que se defienda en los tribunales.

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