El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha vuelto a desenterrar esta semana la posibilidad de gravar con un nuevo impuesto el alojamiento hotelero de la Comunidad Valenciana, que tendría su efecto más negativo en la Costa Blanca, donde a los turistas les costaría unos 16 millones de euros más al año dormir en alguno de los más de 300 hoteles que se ofertan. Y además, la implantación del nuevo impuesto agravaría el desequilibrio que existe en el alojamiento turístico en la provincia. La mitad de las plazas escapa al control de la Administración y, por tanto, resultaría imposible aplicarles la tasa. Palo para los legales (hoteles) y almíbar para el alojamiento sumergido.
Las cuentas del Consell están bajo mínimos por el desorden económico de los últimos ejecutivos autonómicos del PP y el nuevo equipo del Palau se plantea obtener 30 millones de euros creando un tasa por alojamiento. Un impuesto de entre 0,5 y 2,5 euros, claramente impopular, y que en España sólo se aplica en Cataluña y Baleares (en las islas se aprobó hace dos semanas coincidiendo con la puesta de largo de un gobierno autonómico tricolor, como el que ocupa el Palau).
¿Consecuencias? En Baleares están por ver. En Cataluña no ha supuesto un grave impacto en la ocupación y las arcas reciben unos 40 millones al año con su tasa, aunque la realidad turística de Cataluña no es la de la Costa Blanca, que carece de ciudades como la potente Barcelona, donde ni la ocupación media, ni los precios son los mismos que en Alicante o en Benidorm, sino muy superiores.
En el resto de España la tasa no existe y sólo Madrid especuló con aplicarla en la capital, algo que, de momento, ha quedado completamente descartado por la alcaldesa Carmena. En París o Milán también se aplica, pero se trata de escenarios muy diferentes a los de Alicante, una provincia donde pese a la importancia capital del sector hotelero, el grueso del contingente de visitantes está ligado al turismo residencial.
Circunstancia que ofrece escenarios variopintos como el que presentan tres puntos fundamentales dentro del mercado turístico como Torrevieja, Santa Pola o la playa de San Juan, con miles e visitantes todos años, pero en los que las pernoctaciones hoteleras son testimoniales, como subraya Tomás Mazón, director de la cátedra «Pedro Zaragoza» de la Universidad de Alicante.
Torrevieja, con 400.000 turistas en verano sólo recaudaría 1.300 euros al día; Santa Pola, 300 , y 400 euros en la Playa de San Juan. Cifras que coinciden con el número de plazas hoteleras.
La Agencia Valenciana de Turismo tiene controlados 22.513 apartamentos con 102.749 plazas regladas, pero la realidad multiplica por cinco, hasta una oferta potencial de 500.000 plaza susceptibles de alquiler a lo largo del año en unos 125.000 apartamentos que no están registrados en Turismo.
En municipios de la provincia como Alicante este tipo de oferta ilegal supera ya, incluso, a la reglada, como lo certifica un informe del lobby Exceltur. En la capital de la provincia se contabilizan un total de 22.833 plazas (hoteles, apartamentos, hostales y cámpings) de las el 55% (11.853) escapan al control de la Generalitat. En el verano de 2015, la elección de este tipo de alojamiento creció un 20% en relación a 2014, lo que, sin embargo, no se tradujo, además, en turistas nuevos, ya que los apartamentos y viviendas de este tipo absorben una parte de los visitantes que, de no existir, seguirían acudiendo a las plazas regladas, las que sostienen más empleo y, por ejemplo, ingresos al Estado.
La Costa Blanca registra al año en torno a las 90 millones de pernoctaciones de turistas en apartamentos, de los que 63 millones se realizan en viviendas que no están registradas. Una cifra desproporcionada en comparación con los 15 millones de pernoctaciones en los hoteles y que triplica a la de los apartamentos legales (23 millones).
La tarifa catalana
Una parte de la tasa catalana va a los Ayuntamientos y otra a actividades de promoción y a infraestructuras turísticas, algo en lo que se basa el proyecto de la Conselleria de Hacienda. En Cataluña, una arte de la recaudación sirvió para sufragar las aportaciones públicas al Circuit de Montmeló para garantizar el mantenimiento del Gran Premio de Fórmula 1.
