El caso Isjoma ya tiene su dosis de políticos. El magistrado que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de la contrata de infraestructuras para actos festivos del Ayuntamiento de Alicante a la mercantil que da nombre al caso acaba de citar como investigado (antes imputado) a Andrés Llorens, número dos de Sonia Castedo en el anterior mandato, y al también exconcejal del PP Juan Zaragoza. A esta investigación el instructor añade las pesquisas sobre contratos menores con esta empresa que sólo durante 2007, 2008 y 2009 supusieron a las arcas municipales un desembolso de cerca de 850.00 euros, al margen de los 1.600.000 que el Ayuntamiento pagó en este mismo periodo por los servicios certificados que sí incluía la contrata.
Más de un lustro después de iniciada la instrucción, tras el primer impulso del magistrado Jesús Gómez Angulo y un sangrante parón de varios años, el magistrado Ángel Manuel Villanueva acaba de dictar cuatro autos con los que reactiva el procedimiento: concreta los hechos, amplía la investigación más allá de las supuestas irregularidades en la adjudicación a la existencia de un abultado número de contratos menores, declara compleja la causa para evitar su prescripción y rechaza el sobreseimiento solicitado por el dueño de la mercantil.
En el procedimiento figuraban ya como investigados, además de Isidro García, propietario de Isjoma, el exjefe de Atención Urbana Victor López y el técnico municipal Diego Agulló. Nombres a los que ahora se suman los de los dos exconcejales populares, apartados ya ambos de la política y, en el caso de Llorens, expedientado por su partido a raiz del proceso por las obras en la la plaza Magallanes, por el que será juzgado en junio, justo en los mismos días en los que ha sido citado por estos hechos.
La nómina de investigados se cierra con quien fuera jefe de los talleres municipales Ginés Pérez Beltrán y con Francisco Ramón Casal, otro empleado municipal.
En mandatos de los alcaldes populares Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo el Ayuntamiento adjudicó el servicio de infraestructuras para actos festivos a Isjoma, primero en 2003 y después en 2009, contrata esta última que acabó anulando el Tribunal Superior el pasado octubre tras concluir que la adjudicataria tenía que haber sido Alavés Montajes S. L., quien presentó una oferta un millón de euros más barata y recurrió por vía Contencioso-administrativa la adjudicación de la mano del equipo de abogados del bufete Ferrer Pallás, el mismo que está llevando la acusación en el proceso penal. El Ayuntamiento ha tenido que indemnizar a Alavés con casi medio millón de euros.
Supuesta connivencia
Las diligencias practicadas hasta ahora en el juzgado que dirige Villanueva pretenden determinar si existía connivencia entre los empleados públicos investigados y el dueño de Isjoma. A Llorens y Zaragoza se les cita como investigados por los delito de prevaricación y fraude a la administración en tanto que el primero era el presidente de la mesa de contratación y el segundo, el vicepresidente.
El instructor alude a un informe de la UDEF donde se constata «la existencia de gran cantidad de facturas relacionadas con numerosos suministros de mercancías diversas que se han efectuado al margen de la contrata del suministro de material durante los años 2003 a 2009». Unos contratos menores que, sólo centrados en lo que va de 2007 a 2009, «han representado en algún ejercicio un importe superior al 50% de las certificaciones de suministro relacionadas con trabajos incluidos en la contrata y que han sido adjudicados fuera de la misma». El juez habla de «múltiples contratos reiterados en el tiempo como el suministro de sillas para la Explanada o de moquetas o faldones (...) cuya adjudicación como contrato menor merece ser investigada habida cuenta de la existencia de un contrato mucho más amplio». Y extiende ese «posible fraccionamiento ilícito» a adjudicaciones como la del suministro de sillas para un programa de animación en la plaza de Gabriel Miró. Sin olvidarse de citar el informe en el que se valoran las sillas que Isjoma proporcionaba al Ayuntamiento y por las que éste pagaba a la mercantil un precio «significativamente superior al valor medio de adquisición de fabricantes y mayoristas, situándose por encima del 60%, e igualmente de las facturas aportadas por la propia mercantil respecto a la adquisición de dichas mercancías a su proveedor, la diferencia es superior al 50%».
El juez sostiene que los hechos objeto de esta causa podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración y cohecho.
La decisión judicial se ha producido tras conocerse que la actual Corporación ha adjudicado en el primer trimestre del año más de 30.000 euros en contratos menores a la empresa que en la misma sede que Isjoma aunque con otro nombre, Novofest, regenta el hijo de Isidro García.
