El magistrado que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de la contrata de instalaciones para actos festivos a la mercantil Isjoma por parte del Ayuntamiento de Alicante durante mandatos de los exalcaldes populares Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo ha pedido a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigue desde 2003 el patrimonio del dueño de la mercantil, Isidro García, y de quien fuera jefe municipal de Atención Urbana Victor López. Ambos están imputados (ahora investigados) en esta causa junto a los exconcejales del PP Andrés Llorens y Juan Zaragoza y a otros tres empleados municipales (Ginés Pérez Beltrán, Diego Agulló y Francisco Ramón Casal) por los delitos de prevaricación, malversación, fraude a la administración y cohecho.
La diligencia acordada por el instructor viene a completar una investigación previa en el mismo sentido pero cuyo periodo, fijado entre 2006 y 2010, se considera insuficiente. El juez quiere saber cómo han evolucionado los bienes de García y López, así como de su entorno familiar, desde el año en que el Ayuntamiento adjudicó por primera vez la contrata de las sillas a Isjoma. La investigación se hace extensiva también a Agulló, a quien se vincula con una supuesta contratación irregular a otra mercantil para una feria outlet celebrada en el puerto de Alicante en 2008 que ha dado lugar a la apertura de una pieza separada. No obstante, el juez precisa que de momento esta diligencia queda en suspenso «sin perjuicio de lo que pudiera resultar procedente en función de las diligencias que se practiquen en lo sucesivo».
Además, el instructor reclama al Ayuntamiento los expedientes donde consten «la totalidad» de los pagos efectuados a Isjoma desde enero de 2003 a diciembre de 2006 tanto por la contrata «como por cualquier otro suministro, trabajo, servicio o contraprestación extraordinaria».
Como ayer publicó este diario, el magistrado no sólo indaga supuestas irregularidades en la adjudicación sino «la existencia de gran cantidad de facturas relacionadas con numerosos suministros de mercancías diversas que se han efectuado al margen de la contrata del suministro de material durante los años 2003 a 2009». Para hacerse una idea del volumen de lo contratado al margen de la adjudicación, ésta le supuso al Ayuntamiento un coste de 1.590.720 euros de 2007 a 2009, periodo en que por contratos menores fuera de la contrata abonó a Isjona otros 841.310 euros más.
El juez ha pedido también al Ayuntamiento un informe sobre las facultades de contratación de los técnicos López, Pérez Beltrán y Francisco Ramón Casal y copia íntegra de los expedientes del suministro de material para colocar propaganda electoral de los años 2007, 2008 y 2009 para determinar si se recurrió a un fraccionamiento de la contratación «para evitar los procedimientos legalmente establecidos en función de la cuantía evitando así la licitación pública y la adjudicación al mejor postor». A Isjona le reclama las facturas de las sillas, moquetas y faldones que compró de 2003 a 2009 para suministrarlos al Ayuntamiento y comprobar así cuánto pagó por el material y a qué precio se lo cobró al ayuntamiento.
