El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha puesto en manos de la Abogacía de la Generalitat las posibles irregularidades de los gestores de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad en los años 2013 y 2014, en el proceso de privatización de la «Race Village», el espacio lúdico de la Volvo Ocean Race. Ximo Puig, el director general de Proyectos Temáticos, Antonio Rodes, y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, avanzaron ayer que se han detectado irregularidades en la gestión de los antiguos dirigentes de la sociedad pública basadas en «una puerta giratoria de máxima velocidad» y «nada ética». Según la denuncia del Consell, los entonces cargos directivos de la sociedad, entre ellos Nicolás Figueras, según la Generalitat, privatizaron la gestión del Village (toda la zona de los muelles donde se concentra la salida) en julio de 2013, en noviembre de ese año se adjudicó a la empresa Ruck Consultancy, en diciembre abandonaron la sociedad, y en enero de 2014 aparecieron con administradores solidarios de la empresa. «Para mi un caso claro de puertas giratorias que vamos a investigar», subrayó el jefe del Consell. La Generalitat asumirá la gestión lúdica en la salida de 2017.

El coste de los recursos humanos de la dirección del Race Village «se disparó de manera muy notable» y pasaron de 60.000 a 400.000 euros, lo que a juicio de Rodes, «no es una forma correcta de proceder». Por ello, anunció que se van a elevar estos hechos a la Abogacía de la Generalitat para estudiar «si se puede reclamar algún tipo de responsabilidad».

El déficit de la edición de la Ocean Volvo Race de 2014 fue de 18 millones, de los 32 millones de euros que, según ha informado Rodes, se acumulan en total por el contrato de la Generalitat con la organización de esta cita náutica. La Generalitat ha planteado a la organización de la Volvo Ocean Race mejoras del actual contrato como la recuperación de la gestión pública de la «Race Village» como «parte fundamental para la atracción turística», la proyección del evento en Alicante y reducir el coste actual de 4 millones de euros a 3,5 millones.

Un recinto más alicantino

«La Volvo no iba a costar ni un euro a los valencianos y hasta ahora ha costado más de 30 millones, y vamos a intentar que este evento tenga los costes más ajustados posibles», agregó. Del mismo modo, Rodes informó que la Generalitat quiere dar un aire «más participativo y cultural» a este acontecimiento, para que sea un «expositor» de los distintos sectores de la economía alicantina, y añadió que solo pagará el 30% del dinero recaudado por los patrocinios que aporte la organización de la Volvo, y no un 35 % como hasta ahora. El aval de 10 millones que presenta la Generalitat también se cobrará después con mayor premura.

Respecto a la renovación del contrato de la Generalitat para su participación en nuevas ediciones de la prueba (la última contratada es la de 2017-2018), el presidente Puig señaló que la posición del Consell es «positiva» tras evaluar el impacto y que las próximas semanas se tomará una decisión definitiva. Lisboa y Dubai pujan fuerte.