El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) anuló a finales del pasado año la contrata para el montaje de actos festeros en Alicante al considerar que la empresa demandante, Alavés Montajes, debería haber ganado el concurso por proponer una mejor oferta economía. Además, el TSJ condenó al Ayuntamiento de Alicante a indemnizar con cerca de medio millón de euros a la empresa que debería haber logrado la concesión. La indemnización a la empresa demandante, según el TSJ, fue en concepto de daños y perjuicios con el 6% del beneficio industrial por el importe de los trabajos facturados por la adjudicataria.

El contrato de la mercantil Isjoma está siendo investigado por otro juzgado de Alicante a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. El juez investiga una presunta connivencia de técnicos del área de Atención Urbana, por entonces en manos del PP, con la adjudicataria. El empresario José Alavés, que optaba al mismo contrato, denunció que el concurso se había resuelto a favor de otra empresa a pesar de que era económicamente un millón de euros más cara. Mientras los abogados de Alavés, José Alberto Ferrer y María Dolores Martínez Soler del bufete Ferrer Pallás, se personaron como acusación particular en el proceso penal, paralelamente iniciaron un pleito contencioso-administrativo para reclamar en los tribunales la nulidad de la contrata. El anterior alcalde popular Miguel Valor optó por no renovar el contrato a Isjoma, que caducó el pasado mes de mayo. Sin embargo, el tripartito ha seguido contratando a la empresa, al igual que ha hecho con otras contratas caducadas, la mayoría en manos del empresario Enrique Ortiz.

De hecho, el actual gobierno municipal (formado por PSOE, Guanyar y Compromís) reveló en agosto del pasado año que su intención pasaba por comprar material para asumir los servicios que ofrecía la empresa Isjoma con el propio personal municipal.