El Consell y la Generalitat de Cataluña acordaron ayer la defensa conjunta del Corredor ferroviario Mediterráneo, una infraestructura para la reclamaron calendarios de ejecución concretos y la figura de un coordinador de la obra, como existe en todos los corredores en Europa. Además, tanto la consellera de Vertebración del Territorio, María José Salvador, como su homólogo catalán, Josep Rull, avanzaron que intentarán incorporar al frente común a los gobiernos de Aragón, Murcia y Andalucía. Y, por otro lado, pedirán a Bruselas que exija al Gobierno que cumpla los plazos para este eje ferroviario.
El próximo 25 de mayo se constituirá en Barcelona una Mesa en defensa del Corredor, de la misma manera que el Gobierno valenciano creó en marzo el Fórum Valencià pel Corredor Mediterrani. Ambos foros siguen un esquema similar ya que aglutinan representantes de otros ámbitos, como las Cámaras de Comercio, los sindicatos y las universidades, en la defensa de una infraestructura que será «una de las primeras fuentes de generación de riqueza» en ambos territorios, según Salvador. El Consell ya ha mantenido contactos con Aragón, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, trató ayer sobre esta cuestión con su homólogo de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.
Josep Rull reclamó calendarios evaluables para evitar que los plazos de ejecución de las obras del Corredor («que ahora son una fórmula secreta», ironizó) generen inseguridad jurídica a las empresas que tienen capacidad de invertir en el entorno de la infraestructura.
«No valen más excusas, no aceptaremos calendarios vaporosos», afirmó el conseller, quien criticó el «modelo centralista» de España procedente de «una concepción ideológica» del actual gobierno que hacer «perder oportunidades» a Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Los consellers coincidieron en la ventaja de que ambas comunidades hablan «el mismo lenguaje» que la Unión Europea en el sentido de crear infraestructuras que sean productivas.
Sobre el coordinador, Salvador precisó que todos los corredores en Europa tienen esta figura (un ingeniero) porque «no es normal» que los responsables autonómicos tengan que ir «a pie de obra» a ver el desarrollo de las obras. La función del coordinador es, explicó Rull, decidir sobre la gestión de la ejecución de las obras y anticiparse a las necesidades, y debería ser una persona pactada con el Gobierno.
El Corredor Mediterráneo es «fundamental» no solo para el desarrollo económico sino también para el social y demográfico, según los consellers, que subrayaron que las dos comunidades concentran una parte importante del PIB nacional. «Necesitamos infraestructuras vinculadas a la productividad», defendió la consellera tras recordar que entre Alicante y Barcelona circularon el año pasado más de 300.000 pasajeros y que 15 millones de toneladas de productos hortofrutícolas desde esta zona salen hacia Europa, recordaron los consellers.
El delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, criticó a «demagogia» en torno a la finalización del Corredor Mediterráneo y ha dicho que esta infraestructura estará concluida en 2017 en Valencia y a Alicante en 2018. En este sentido, la propia ministra, Ana Pastor, visitó la semana pasada las obras en el tramo de 62,5 kilómetros que separan Vandellós de Tarragona donde se invierten 650 millones. El Ministerio de Fomento asegura que la pasada legislatura destinó 6.500 millones de euros en la ejecución del Corredor Mediterráneo.
