La Comunidad se consolida como una de las autonomías españolas más pobres. Pese a que en el último año la renta per cápita ha crecido un 4,5%, la riqueza de los valencianos es todavía 2.704 euros inferior a la media de España, tal y como acaba de constatar el Instituto Nacional de Estadística (INE). Varios son los motivos. El principal, que la crisis golpeó con especial fuerza a las comarcas valencianas. Cuando comenzaron a sentirse las primeras turbulencias económicas, en 2008, la renta o PIB per cápita estaba cuantificada en 21.878 euros por ciudadano en tierras valencianas. Desde entonces, fue cayendo en picado casi al mismo ritmo que se desinflaba la burbuja inmobiliaria. Y es que un elevado porcentaje de la actividad económica en la Comunidad procedía del ladrillo.
En 2013 se tocó fondo. Ese año se finiquitó con una renta por habitante de 19.304 euros, más de 2.800 euros por debajo de la media española. Desde entonces, los guarismos han ido creciendo de manera progresiva, pero aún se sitúan muy lejos de los que ofrece el conjunto del Estado. De hecho, al cierre de 2015 quedó fijada en 20.586 euros frente a los 23.290 de la media estatal. En términos porcentuales, la Comunidad se encuentra 11,6 puntos por debajo de la media.
La comparativa con el resto de autonomías saca a la luz que la región es la novena más pobre pese a disponer de un enorme potencial. Y, lo que es peor, a la ya de por sí delicada situación general se une también la discriminación que sufre la Generalitat por parte del Gobierno central. Sobre todo, con el modelo de financiación autonómica. Los dos últimos sistemas de reparto de fondos -el de 2004 aprobado durante la legislatura de José María Aznar (PP) y el de 2009, impulsado con José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en La Moncloa- han castigado sobremanera al Consell. Tanto, que sólo el último está privando a las arcas autonómicas de ingresar cerca de 1.000 millones de euros anuales que tendría que recibir si se tuviera en cuenta su población. Pero es que, además, ese sistema tendría que haberse sustituido por uno nuevo en 2014. Sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy decidió posponer su aprobación dadas sus estrecheces económicas. Y ahora, con el Gobierno en funciones y con unas más que probables elecciones generales a la vuelta de la esquina, el Ministerio de Hacienda no tiene prisa por desbloquear la situación. Así lo deslizó el propio Cristóbal Montoro en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró este pasado viernes en Madrid.
Las consecuencias de esa discriminación ya son de sobra conocidas. El déficit de la Comunidad es año a año uno de los más elevados de España, el gasto por habitante se sitúa en uno de los niveles más bajos del país y la deuda valenciana es ya la segunda mayor de todo el Estado en términos absolutos y la primera en relación al PIB.
Todo ello ha propiciado que la Generalitat haya tenido que tocar a la puerta del Gobierno para sortear el default. El Ejecutivo central ha insuflado miles de millones a las arcas del Consell desde 2012 a través del FLA y el plan de pago a proveedores. El primero ha servido para hacer frente a los vencimientos de deuda con las entidades financieras, mientras que el segundo ha permitido abonar facturas pendientes a las empresas que han prestado servicios a la Generalitat.
