El Gobierno ha impugnado la municipalización de contratas en el Ayuntamiento de Alzira, ejemplo que el Ayuntamiento de Alicante quiere seguir para rescatar los servicios caducados que siguen en manos del empresario Enrique Ortiz y por los que el tripartito ya ha pagado más de 6 millones de euros desde que entró a gobernar. La Delegación del Gobierno considera que la fórmula de la transmisión de empresas utilizada -por la que el Ayuntamiento asume al personal de las contratas manteniendo su sueldo y condiciones laborales- incurre en un «fraude de ley».
En concreto, el Gobierno pide a Alzira que revierta su acuerdo para municipalizar el contrato de limpieza de colegios y dependencias (uno de los que Alicante quiere rescatar) bajo el argumento de que «nos encontramos ante un acceso encubierto a la función pública, ya que dicho acceso se produce sin ninguna convocatoria ni prueba». La delegación del Gobierno también apunta al aumento del presupuesto en personal en un porcentaje superior al límite que establece la Ley de Presupuestos Generales.
En Alicante, el tripartito sigue sin ponerse de acuerdo sobre si rescata las contratas caducadas o las saca a licitación. El PSOE maneja informes que apuntan a que municipalizar los servicios sería más gravoso para las arcas municipales, mientras Guanyar se ampara en el modelo de Alzira (la transmisión de empresas) para asegurar que supondría un ahorro. Un modelo que el propio alcalde, Gabriel Echávarri, cuestionó públicamente.
Los técnicos municipales siguen elaborando informes para determinar si esos contratos -los de mantenimiento del cementerio y el de limpieza de colegios y dependencias municipales- pueden o no municipalizarse bajo esa fórmula de transmisión de empresas y si supondrían un ahorro o un gasto extra para las arcas públicas.
