La Plataforma de Afectados por la supresión de la subsidiación del crédito hipotecario de las viviendas protegidas (VPO) en 2013 denunciará el lunes en Bruselas la situación, y pedirá amparo a la UE para que inste al Gobierno a que rectifique y pague con carácter retroactivo los 70 millones de euros que se han quedado sin cobrar los propietarios. Fomento suprimió las ayudas que concedía a los propietarios para el pago de la cuota del préstamo hipotecario. Un recorte que atrapó a 20.234 familias en Alicante, un 11% del total de España, el porcentaje más alto, ya que la provincia era, junto a Valencia, la que compraba más VPO.
La eliminación de las subvenciones a la subsidiación del crédito -entre 90 y 200 euros mensuales- era la única ayuda que se había salvado de los sucesivos tajos dados por el Ministerio de Fomento y el Consell a la adquisición de la VPO, un producto inmobiliario clave en tiempos de crisis y al que, no obstante, también se llevó por delante el tsunami posterior a la explosión de la burbuja inmobiliaria.
Los afectados presentarán la queja el lunes en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Van a reclamar a Bruselas que exija al Gobierno de España la derogación de la supresión de las prórrogas a la subsidiación, que recomiende al Ejecutivo una revisión de los sistemas para establecer los tipos de interés de la VPO y que habrá una investigación sobre los impagos del Consell de Fabra.
Fomento concedía las ayudas por 15 años, revisables cada cinco. La ley de fomento del alquiler dejó sin efecto las prórrogas que se concedían al 100% debido a las especiales circunstancias económicas de las propietarios de VPO. Alicante cuenta con el 11,1% de los compradores afectados por la supresión de las ayudas con un total de 20.234 personas, cerca de la mitad del total de damnificados en la Comunidad Valenciana (43.466). La supresión de las ayudas dejó colgadas en Alicante a más de veinte mil familias que cobraban, como media, unos cien euros de subvención.
La angustia financiera de la Generalitat popular y el Ministerio de Fomento provocaron que ambas administraciones llegaran a acumular en la Comunidad Valenciana una deuda superior a los 200 millones de euros en ayudas a la VPO desde 2009. En la provincia, el retraso del Consell afectó a unos tres mil compradores que se encontraron atrapados y con deudas con los propios promotores que les vendieron la casa descontándoles el importe de unas subvenciones que nunca llegaron. El tema comenzó a reconducirse con la consellera Isabel Bonig pero la solución definitiva llegó con la actual responsable de Vivienda, María José Salvador, que tiene previsto saldar el total de la deuda este mismo año.
Las ayudas a la subsidiación suponían una subvención a la cuota mensual de la hipoteca de una VPO, y eran de gran trascendencia para muchas familias. Un derecho que estaba reconocido por los planes de vivienda de todos los gobiernos anteriores y que desapareció de un plumazo en 2013. El Gobierno ya había eliminado, a través del Real Decreto-20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad, la subsidiación de los créditos para la compra de viviendas de protección oficial en el Plan Estatal de Vivienda 2009-2012, incluidas las que estaban en tramitación y no hubieran sido objeto de concesión por parte de la comunidad autónoma. Pero dio una nueva vuelta de tuerca y suprimió también las ayudas que ya tenía concedidas y venía pagando con regularidad.
Tipos de interés
Por otra parte, la Plataforma de Afectados denunciará en Bruselas lo que consideran una práctica que afecta a los compradores con menos recursos a la hora de la compra de una VPO. «Se han fijado tipos de interés muy por encima de los establecidos por el mercado libre, lo que perjudica a miles de familias y favorece a las entidades financieras debido a que esos tipos son fijos y se fijaron durante los años de la burbuja inmobiliaria», subrayó ayer la plataforma en una nota de Prensa.
La denuncia que se presentará en Bruselas es la segunda en importancia tras la que en su día llegó del colectivo de residentes extranjeros por los efectos negativos de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística y las ocupaciones de suelo sin autorización de sus dueños.
