La entrada en vigor el día 1 de enero de la nueva ley para el Fomento del Empleo ha reducido en un 97% el número de contratos de formación en la provincia de Alicante, pasando de 716 en febrero de 2015 a tan solo 24 en el mismo mes del presente ejercicio. Hasta ahora, esta modalidad resultaba beneficiosa para las empresas, puesto que recibían bonificación al cien por cien de la Seguridad Social, y para los trabajadores menores de 30 años que tenían la oportunidad de integrarse en el mercado laboral. El objetivo principal era la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral, si bien es cierto que mediante condiciones especiales en cuanto a sus retribuciones salariales, pero con percepción de incapacidad y cobertura de desempleo. Desde enero, con el artículo 14 de la ley 30/2015 esta situación se ha bloqueado de forma drástica por dos motivos: tanto por el retraso de la administración en la concesión de autorizaciones como por la falta de medios de las academias para impartir la enseñanza de forma actualizada.
La diferencia de 692 contratos entre febrero de 2015 y el mismo mes de 2016 es significativa y pone de manifiesto las carencias en la ejecución de la medida adoptada. Los cambios son sustanciales. Por un lado, se ha eliminado la modalidad a distancia de la enseñanza teórica hasta ahora obligatoria. El 1 de enero desapareció la formación a distancia y a partir de ese momento, en la contratación referida al aprendizaje únicamente se puede impartir dicha teoría a través de las modalidades presencial o con teleformación (a través de Internet, siendo obligatorio realizar las evaluaciones de manera presencial en un centro debidamente acreditado o inscrito al efecto). Anteriormente, la gran mayoría de contratos de formación o aprendizaje se realizaban con horas teóricas obligatorias a distancia, lo que resultaba más sencillo y accesible. Con la entrada en vigor de las nuevas modificaciones, se ha ralentizado la ejecución de los contratos de este tipo y se han puesto trabas a las empresas para poder realizarlos, lo que ha hecho caer la creación de empleo, tal y como ha denunciado el sindicato Comisiones Obreras.
Las empresas han paralizado la contratación juvenil al encontrarse con una serie de problemas. En primer lugar, la nueva normativa obliga a cumplir un requisito indispensable antes de dar de alta al trabajador, al ser obligatorio tramitar una solicitud de autorización de inicio de actividad al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE). El periodo de respuesta estimado a dicha autorización se está prolongando en la provincia alrededor de un mes desde que se presenta. Para Comisiones Obreras, que un organismo como el SEPE tarde a contestar un mes es «totalmente excesivo» ya que «impide y demora las contrataciones». El secretario de Acción Sindical, Formación y Empleo de CCOO Vinalopó-Vega Baja, Antonio Ferrández, ha precisado que «se supone que la administración debe poner en marcha mecanismos para agilizar las contrataciones y no demorarlas que es lo que está ocurriendo desde el mes de enero».
Otro de los inconvenientes que está surgiendo es que la nueva ley obliga a los centros formativos a habilitar plataformas de teleformación para poder realizar estas actividades. Son pocas las academias que están empezando a acreditar algunas actividades, por lo que para muchas empresas, sobre todo industriales, es meramente imposible contratar a jóvenes en formación puesto que no existen centros acreditados que ofrezcan homologaciones para determinadas profesiones.
El bloqueo que está sufriendo esta modalidad de contratación está siendo palpable desde el mes de febrero de 2016, puesto que en enero, tal y como se puede apreciar en el gráfico anexo a este artículo, todavía se realizó un alto número de contratos de formación al ser solicitados en diciembre de 2015, antes de la entrada en vigor de la nueva ley. Aunque todavía no son públicos los datos de marzo, los sindicatos están convencidos de que, si no se ponen en marcha medidas urgentes, la tendencia será descendente y esta práctica terminará desapareciendo.
Según ha explicado Antonio Ferrández «esta ley intentaba dar más transparencia a este tipo de contratación para acabar con el fraude de algunas empresas». No obstante, añade, «las intenciones son unas pero la realidad es otra, la ley pretendía regular mejor esta modalidad, pero no se han facilitado los medios necesarios. Si no hay centros de teleformación y si se tarda un mes en conceder autorizaciones, el empresario al final no hace el contrato, porque resulta inviable y con ello se reducen las posibilidades de trabajar de los jóvenes». En definitiva, para el secretario de Formación y Empleo, la cifra registrada en febrero es «residual» y ejemplifica que «se está entorpeciendo la realización de los contratos de formación por no facilitar los medios necesarios para su desarrollo».
