La caja fuerte de la Justicia cerró el año pasado con más de 3.500 millones de euros bloqueados en España. En los juzgados valencianos están inmovilizados casi 348,3 millones a la espera de una resolución. Son los pagos de fianzas de libertad, multas, ingresos por subastas, embargos o indemnizaciones de procesos judiciales en curso... Las sentencias de los tribunales determinan si las cantidades congeladas deben devolverse a quien las abonó o si se destinan a indemnizaciones, multas o costes procesales.
En la Comunidad, el saldo de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales aumentó el año pasado un 3,57 %, al pasar de los más de 336,2 millones de euros de 2014 a los casi 348,3 de 2015. Esta pequeña subida es más del doble que la experimentada en el conjunto de España, que fue del 1,27 %, donde se recaudaron, en total, 3.524,7 millones de euros. De estos, se generaron más de 5 millones de intereses (más de 4,4 en Alicante y Valencia y 561.066 en Castelló), que pasan a las arcas del Estado.
Por provincias, la única en la que no hay un aumento es Valencia, ya que pasa de los 149,6 millones de euros de 2015, a los 153,7 del año anterior. Alicante recaudó 159,7 millones, 14 más que en 2014 (145,7); y Castellón casi 2 más (pasando de 36.7 en 2015 a 38,9).
Buena parte de esos depósitos judiciales se devuelve a los litigantes, aunque sin intereses, o bien van a parar a la parte contraria cuando se dicta sentencia a su favor. Pero también algunas de esas entregas corresponde al Ministerio de Justicia, como son los ingresos para la interposición de un recurso. Sin embargo, también hay miles de euros que tras años congelados en el banco se quedan en las arcas del Estado porque si una vez finalizado el proceso en los tribunales los ciudadanos no reclaman las cantidades, estas pasan a las arcas del Estado, al igual que los depósitos en concepto de fianza de acusados en rebeldía y aquellas consignaciones con algún error formal.
