La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha finalizado los trabajos de demolición de las seis viviendas ilegales de la isla de Tabarca, trabajos que han costado 375.136,60 euros.

Según la Conselleria, de esta manera se ha cumplido con la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Con esta demolición, ha destacado el director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo, "se pone de manifiesto la voluntad clara del Gobierno valenciano de preservar los valores naturales y de nuestro patrimonio".

En este sentido, ha recordado que la isla es un conjunto histórico artístico y, según la sentencia del Tribunal Supremo, estas viviendas eran ilegales por haberse edificado dentro de la zona de servidumbre de protección de la costa, a menos de 20 metros en suelo urbano.

Las obras han consistido en la demolición de seis viviendas adosadas de dos alturas, que ocupaban una superficie en planta de aproximadamente 30 por 25 metros.

De igual manera, se ha procedido a la carga, el transporte y la gestión de los residuos generados durante la demolición de las edificaciones y ha realizado el relleno de la zona ocupada por la cimentación mediante suelo adecuado, con acabado superficial a base de zahorra artificial compactada.

Para el director general, "la mayor dificultad de la obras ha sido la evacuación de los escombros procedentes de la demolición porque esta operación se ha tenido que realizar mediante carga en sacas y transporte en barcas hasta el puerto de Santa Pola, desde donde han continuado su viaje hasta los centros de gestión de residuos".

Las obras de demolición de las viviendas adosadas contaban inicialmente con un plazo de ejecución de once meses. Sin embargo, los trabajos se han acortado notablemente y se han ejecutado en menos de siete meses. Hay que recordar que las obras se iniciaron el 24 de septiembre de 2015.

La actuación de la Conselleria se ha realizado tras el incumplimiento voluntario por parte de los titulares de las viviendas de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Esta sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo y el inicio de los trabajos de demolición se ha efectuado una vez se resolvió definitivamente la autorización judicial de entrada a las viviendas.