Las multinacionales FCC y Cespa (filial de Ferrovial) están dispuestas a valorar la propuesta del tripartito para que el empresario Enrique Ortiz, a través de su empresa, deje de formar parte, como socio con el 33%, de la contrata de limpieza viaria de la ciudad que se presta a través de una UTE. Así lo aseguraron el vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, y el portavoz del gobierno local, Natxo Bellido, dos de los dirigentes del tripartito, tras mantener ayer una reunión con las dos citadas empresas de la contrata de la limpieza. Ambos aseguraron que aceptaron su propuesta de que estudien fórmulas para sacar a Ortiz de la contrata.

En la reunión, el tripartito (acudió también el alcalde, Gabriel Echávarri), les transmitió «la incomodidad, lo cuesta arriba y lo insoportable» que se les hace la presencia del empresario en la contrata más importante y más cara de la ciudad, como es la limpieza viaria y la recogida de basuras, tras confesar que había financiado ilegalmente campañas del PP.

Tras la reunión, Bellido dijo que cuando se habla de Ortiz es relacionado «casi siempre con corrupción» y «retrotraen a un momento en que la imagen de la ciudad estaba muy deteriorada». «No es bueno para el Ayuntamiento, para la ciudad y para estas empresas». Pavón precisó que se les ha pedido que «estudien fórmulas para desvincularse o romper relaciones» con Enrique Ortiz. «Las empresas entienden el planteamiento del Ayuntamiento», dijo, sin concretar nada más. «Van a valorar la situación. Ha habido bastante receptividad». Asimismo, destacó que «el peso de la gestión de este contrato recae en FCC y Cespa y que la empresa de Enrique Ortiz tiene un papel secundario». «El Ayuntamiento quiere pasar página y cerrar una etapa marcada por un señor (Ortiz) que parecía el alcalde de la ciudad en la sombra. Evidentemente, eso se ha acabado y vamos a seguir en esa línea, porque somos el gobierno del cambio», aseguró Pavón. El tripartito, además, revisará las contratas municipales que el Ayuntamiento concedió a Enrique Ortiz en anteriores mandatos para determinar si hubo correlación entre esa concesión y la financiación ilegal del PP confesada por el empresario. UTE Alicante no hizo comentario alguno sobre la petición del tripartito.