El consejo rector de Sidi Residencial Cooperativa de Viviendas reaccionó ayer al desbloqueo de la subasta del antiguo hotel atacando duramente el proceso y la actuación del Administrador Judicial que ha dirigido el proceso desde el cierre del establecimiento. El consejo rector hizo pública una nota en la que anunció que «está estudiando con su equipo jurídico entablar todas las acciones judiciales oportunas para defender sus intereses y por ello ha decidido valorar en detalle las actuaciones del administrador concursal de Sidi Española. Se valora la interposición de un incidente de «nulidad» de actuaciones, la paralización de la subasta e, incluso, se puede plantear posteriormente la posible impugnación de la adjudicación que pudiese resultar de un procedimiento que en opinión de la Cooperativa, puede carecer de las garantías oportunas.»
El consejo fue más allá al apuntar que, según su escrito, «puede haber presuntas irregularidades por acción u omisión en la Administración Concursal, y se va a trasladar el caso a la Unidad De Delitos Fiscales y Económicos (UDEF) por si fuera susceptible de investigación», subrayó el consejo.
Los cooperativistas denuncian los supuestos privilegios otorgados «a alguna de las partes concurrentes, en perjuicio de la igualdad de oportunidades que debe imperar necesariamente para poder concurrir a una subasta pública, incluso permitiendo la cesión de remate a personas o empresas que utilizarían esta situación para aventajar al resto de interesados, sin tener que prestar fianza ni siquiera acreditarse en la subasta».
Según el órgano colegiado de los cooperativistas «el Administrador parece haber gestionado el proceso concursal sin importarle la mejor opción, ni los tiempos en que la misma se pueden ejecutar, puesto que ha hecho caso omiso a la mejor oferta por los terrenos, de 20,3 millones de euros, poniendo en riesgo los intereses de la masa concursal al no tramitar la oferta en el Juzgado y aceptar la mejor opción presentada hasta la fecha. Circunstancia de la que también se informará a la dirección general de las entidades financieras acreedoras».
