El empresario Enrique Ortiz se echa a un lado. Atosigado por las causas judiciales que le implican en casos de corrupción ligados a la política y con el objetivo de no perjudicar a sus socios y a los cerca de 2.000 trabajadores del Grupo Cívica, el constructor ha decidido apartarse de todos los cargos de representación del holding que todavía preside y delegar la primera línea de la compañía en dos de sus hijos: su primogénita, Laura Ortiz Carratalá, de 31 años, y su segundo hijo, Enrique, de 29.
El empresario, a lo largo de cuya carrera han caído un alcalde y dos alcaldesas de la provincia y un presidente de la Diputación por la gestión de proyectos de los que Enrique Ortiz formaba parte, ha resuelto a sus 56 años adelantar el relevo generacional en su grupo de empresas.
Cívica, un holding del que forman parte medio centenar de sociedades, que factura al año más de 100 millones de euros y para el que trabajan a diario unas 2.000 personas, acometerá este mismo mes toda la remodelación administrativa de la compañía, de modo que el nombre de Enrique Ortiz, que aparece indistintamente como presidente, consejero delegado o administrador único, desaparecerá para dar paso a sus herederos. El proceso acabará en unos meses.
El Grupo Cívica se dedica a actividades tan diversas como la construcción, la promoción inmobiliaria, la gestión de aparcamientos, la explotación de centros comerciales, la obra pública o la ejecución de servicios, entre los que se encuentra la gestión de residuos sólidos urbanos o la limpieza de colegios e instituciones. Cuenta igualmente con una importante división en la gestión de suelo. Hasta hace unos años, la cartera de suelo de Ortiz estaba valorada en más de 2.300 millones de euros. También es el principal accionista del Hércules Club de Fútbol y promotor de la implantación en Alicante de la multinacional sueca Ikea.
La dirección de este auténtico imperio económico pasará a manos de Laura y Enrique Ortiz Carratalá, que llevan tiempo pidiendo paso en puestos de mayor responsabilidad dentro del grupo.
Laura tiene dos carreras universitarias. Es licenciada en Derecho y en Administración de Empresas (ADE). Enrique es arquitecto. Este último se hará cargo de la división inmobiliaria del Grupo Cívica, mientras que Laura se ocupará de la gestión del holding y del negocio de residencias para la tercera edad en que la compañía se adentró hace más de una década.
Acechado por la Justicia
En la decisión del empresario ha sido determinante su implicación en causas judiciales de enorme calado que han acabado afectando de forma notable a la imagen de su compañía. En muchos de sus grandes negocios, Enrique Ortiz no camina solo, sino con empresas de fuerte implantación nacional, como FCC (limpieza) o el Grupo Espacio (plan Rabasa). Para algunas de ellas, el nombre de Enrique Ortiz lleva tiempo convertido en un incómodo compañero de viaje. El Ayuntamiento de Alicante acaba de pedir a sus socios en la gestión de la limpieza viaria que rompan con él. Apenas se habla de la buena salud del Grupo Cívica o de su resistencia a la crisis del ladrillo, donde otras empresas cayeron, sino de su participación en turbios negocios fomentados por la Administración. Está inmerso en tres grandes procesos judiciales ligados a la corrupción, como los casos PGOU, Brugal o Gürtel. La campanada sonó la semana pasada al admitir que financió ilegalmente al Partido Popular valenciano.
En Alicante Avanza, la sociedad en la que posee un 40% de las acciones en pos de la implantación de Ikea en Alicante, ya ha dejado de ser la cabeza visible. Desde ahora lo será el Grupo Espacio, del empresario Juan Miguel Villar Mir.
