Enrique Ortiz llevaba semanas comunicando a todo el que quisiera escucharle que se lo dejaba, que estaba demasiado expuesto a los focos de la Justicia y del debate social, y que esa omnipresencia n0 beneficiaba al Grupo Cívica ni a su familia.
Resuelto a confesar ante la Audiencia Nacional lo que las grabaciones del caso Gürtel confirman, decidió junto a sus abogados asumir ante los jueces que costeó la campaña del PP valenciano en las generales de 2008.
El constructor se enfrenta a cuatro años de cárcel por financiar actos electorales que la empresa Orange Market organizó para los populares en la era Camps. Ortiz ha admitido la postura de las acusaciones y solicitado a la Audiencia Nacional el atenuante de «confesión tardía de los hechos», lo que reduciría la condena a un año y tres meses de prisión. Además, la defensa del empresario solicita también que la pena de prisión se sustituya por el pago de multa. Si esta petición no se acordara, Ortiz «suplica» que el tribunal «acuerde la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad». No quiere ir a la cárcel.
La confesión y el eco generado han sido el detonante para resolver apartarse de la primera línea de su compañía, un hecho inusual en un empresario de su edad (56 años) y al que no ha quedado más remedio que adelantar el relevo generacional.
El propio Enrique Ortiz, como la Fiscalía Anticorrupción, esperan que el gesto cunda entre el resto de empresarios procesados por financiar ilegalmente al PP. La mayoría de ellos, al igual que los abogados de la acusación popular, el PSPV-PSOE, estaban informados de la decisión del alicantino. Ortiz pagó a Orange Market 348.000 euros con destino a costear parte de la campaña de 2008.
