MOMENTOS DE ALICANTE

¿Suicidio u homicidio? el veredicto que convulsionó Alicante

El juicio por la muerte de Ramón se reanudó el 20 de mayo de 1915, y concluyó ese mismo día por la tarde

04.04.2016 | 00:56

Reconstrucción

A las nueve de la noche del 19 de mayo de 1915, los magistrados, abogados y miembros del jurado popular fueron hasta el lugar donde Ramón había caído muerto catorce meses antes. Los alrededores estaban llenos de público, que aguardaba con expectación el final del proceso judicial. Fueron apagados los faroles eléctricos que alumbraban las bocacalles desde hacía unos meses, para dejar el lugar con la misma iluminación que existía en la noche de autos. Un hombre se colocó donde había caído Ramón, y los jurados examinaron desde distintos puntos lo que pudieron ver o no los testigos.

Veredicto

El juicio se reanudó el 20 de mayo a las diez y media de la mañana, y concluyó por la tarde. Al final de la sesión, el fiscal mantuvo su calificación de inocencia para los procesados, lo que causó un gran asombro en el público asistente en la sala, según reportaron la mayoría de los periodistas presentes.

Por su parte, Guardiola recordó que el revólver que apareció junto al cuerpo de Ramón no era el suyo, y que tampoco pudo suicidarse con ningún otro, puesto que «hay que suponer que le cachearían al detenerlo, arrebatándole ese revólver de que se ha hablado».

A las cinco y media de la tarde el Jurado se retiró para deliberar. Fuera de la Audiencia, la concurrencia era enorme, con la plaza Alfonso XII repleta de alicantinos que esperaban conocer el veredicto. Éste no tardó mucho en pronunciarse: José Onteniente y Valentín Ruiz fueron declarados no culpables de la muerte de Ramón Ayela.

En la sala, el público acogió la sentencia con muestras de desagrado, pero en la calle la reacción fue mucho más vehemente.

Disturbios

El estupor generado entre quienes esperaban fuera de la Audiencia al conocer la sentencia, aumentó aún más cuando se supo que el tribunal había denegado la petición de Guardiola de que hubiera una revisión de la causa ante un nuevo jurado.

Y al estupor siguió, casi inmediatamente, la indignación pública. La gente que llenaba la plaza Alfonso XII y la calle Altamira estalló en gritos de «¡Mueran los asesinos!» y los desórdenes comenzaron a sucederse rápidamente. Los comercios se apresuraron a cerrar sus puertas y los guardias de Seguridad, muchos de ellos vestidos de paisano, intervinieron para tratar de calmar los ánimos, pero fueron recibidos con gritos de «¡Que viene la policía! ¡Que vienen los asesinos! ¡Que viene Onteniente!».

Cuando Guardiola salió de la Audiencia fue aclamado por la muchedumbre, parte de la cual le acompañó durante un trecho vitoreándole.

Mientras tanto, seguía llegando más gente a la plaza y calles adyacentes. Unas tres mil personas se congregaron alrededor de la Audiencia, según cálculos de «El Periódico para todos».

Pasaron las horas y no salía nadie más de la Audiencia. Ni jurados ni magistrados ni procesados se atrevían a pisar la calle.

Una parte de quienes protestaban marcharon hasta el Gobierno Civil, para pedirle al gobernador, Luis Fernández Ramos, que elevara al ministro de Gracia y Justicia la protesta de los vecinos de Alicante por el veredicto, pero fueron recibidos por guardias de Seguridad que cargaron contra ellos.

Un grupo de exaltados fue a protestar frente a la casa de uno de los miembros del jurado, Ricardo Pérez Gironés, «a quien señalaban como instrumento de alto cacique en la resolución de esta causa» (Diario de Alicante). Otro grupo marchó hasta la casa de Onteniente, en la calle San Ildefonso, manifestándose ruidosamente y con gritos amenazantes. Y otro fue a la del abogado defensor, Martínez Torrejón, donde arrojaron piedras hasta no dejar un cristal sano en la fachada de la casa.

Se hicieron varias detenciones, pero, a media noche, todavía no habían salido los procesados de la Audiencia.

Guardiola visitó al gobernador para pedirle la libertad de los detenidos, pero éste se negó a hacerlo hasta que la ciudad recuperase la tranquilidad.

A la mañana siguiente continuó la agitación por casi toda la ciudad. Los obreros metalúrgicos y los trabajadores de numerosos talleres y fábricas abandonaron su trabajo para recorrer la ciudad en una manifestación pacífica pero ilegal. A su paso los comercios fueron cerrando sus puertas. Al ser identificado por los manifestantes, uno de los testigos del juicio, el carabinero Maillo, que se hallaba en el Café del Comercio, fue ovacionado durante un buen rato.

Quienes encabezaban la manifestación se entrevistaron con el gobernador. Éste les recordó que no estaban autorizados a manifestarse y les advirtió de que, aunque lo pidiesen legalmente, no se les daría autorización, por lo que les conminó a finalizar la manifestación y volver a sus respectivos lugares de trabajo. Pero los manifestantes hicieron caso omiso de la advertencia del gobernador y presentaron un escrito solicitando permiso para celebrar una manifestación pública el domingo siguiente, con la intención de entregar una petición en nombre del vecindario para que fuese enviada al Gobierno. En ella se pediría el nombramiento de un delegado especial para que inspeccionara el sumario y averiguase las causas por las que el fiscal decidió no acusar a los procesados; que las Cortes aprobasen una disposición que hiciera posible la revisión de la causa; y que los policías Onteniente y Ruiz fuesen suspendidos o se les trasladase fuera de Alicante.

Los disturbios continuaron por la tarde. Frente a la fábrica de tabacos (donde las cigarreras abandonaron su trabajo) se produjeron graves enfrentamientos entre los amotinados y los guardias de Seguridad. El gobernador desplegó a una gran cantidad de guardias civiles (muchos llegados desde distintos puntos de la provincia), pero los pocos comercios, talleres y fábricas que todavía no habían cerrado acabaron haciéndolo.

El gobernador llamó a su despacho a Guardiola, para rogarle que intercediera ante los amotinados para que acabaran los disturbios, pero el abogado le contestó que la única manera de calmar los ánimos era autorizando la manifestación solicitada para el próximo domingo, a lo que se negó Fernández Ramos.

Solo la fuerte lluvia caída aquella noche y la toma al día siguiente de prácticamente toda la ciudad por parte de las fuerzas de orden, evitaron que continuaran los disturbios.

Sin consecuencias

A pesar de la indignación y los graves disturbios que se sucedieron en la ciudad tras conocerse el veredicto, lo cierto es que no hubo consecuencias prácticas de lo que se consideró popularmente una injusticia intolerable.

Al día siguiente de que se iniciara el juicio, Diario de Alicante publicó un editorial en el que exigía el traslado fuera de la ciudad de todos los policías que estaban destinados en la ciudad: «(?) se han puesto bien de manifiesto todas las miserias, todos los vicios, todas las lacras de ese cuerpo de Vigilancia que aquí tenemos (?). Se hace preciso el traslado total a otros lugares de todos los individuos del cuerpo de Vigilancia (?). No son todos los policías malos, lo sabemos; pero como el mal es hondo, de raíz hay que curarlo y quirúrgicamente, heroicamente, se impone el remedio».

Diario de Alicante fue uno de los periódicos que condenaron el veredicto, si bien censuró el apedreamiento de la casa del abogado defensor. A favor del veredicto se situaron los diarios más conservadores. «El Periódico para todos» se preguntó: «si el pueblo de Alicante se hubiera dedicado en ocasiones análogas a estas a romper cristales, ¿cuántos hubieran quedado sanos en casa del señor Guardiola Ortiz cuando defendió al procesado que asesinó a la infortunada señorita Palao?», en alusión a un caso anterior, en el que sin embargo no hubo policías sospechosos. Y el diario La Lealtad, órgano del partido Conservador Maurista, además de defender al abogado Martínez Torrejón, que era el jefe provincial de dicho partido, quiso poner de relieve en tres puntos «la inocencia de los vigilantes Onteniente y Ruiz: 1.º Las cartas que escribió Ayela (víctima) el día de su muerte, anunciando que pensaba suicidarse. 2.º Las declaraciones de los testigos que pudiéramos llamar sinceros, y 3.º, la clase de vida que el sujeto en cuestión venía haciendo».

El 22 de junio, un mes después de finalizar el juicio, Alicante Obrero insistía en que «¡Hay que "limpiar" la policía de Alicante! (?) á los policías Ruiz y Onteniente se les debe formar expediente y destituirlos», entre otras razones por su cobardía («huyeron al ver que el desgraciado Ayela empuñaba una pistola ó revólver») y su negligencia, por no cachear a Ramón antes de detenerlo.

Pero, como reconocía este último diario, «hasta la fecha no se ha procedido contra ellos, antes al contrario, se les ha vuelto á emplear».

Las protestas fueron amainando hasta desaparecer y la duda sobre si la muerte de Ramón Ayela fue un suicidio o un homicidio quedó poco a poco enterrada bajo el manto del olvido.

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