La Generalitat Valenciana pretende otorgar a los ayuntamientos la responsabilidad de resolver con agilidad los casos de 40.331 personas, de las que 13.246 son de la provincia de Alicante, que han solicitado algún tipo de prestación y sus solicitudes no han sido atendidas o siguen en lista de espera. Con esta medida, que se implantará progresivamente en el resto de provincias, se persigue poner fin al importante atasco en materia de Dependencia con un mayor número de personas encargadas en estas cuestiones. El objetivo, según fuentes autonómicas, es hacer frente a las valoraciones desde la cercanía. Para las trabajadoras cuyo contrato no ha sido renovado, es evidente que habrá más personal dedicado a esta función pero se preguntan si «cien enfermeros podrían operar a más personas que diez médicos».
